El Govern es el único que todavía no se ha posicionado sobre el caso Borràs, que continúa en el cargo pese a estar investigada por corrupción. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, se escuda en la “separación de poderes” para no posicionarse sobre si la presidenta de la Cámara catalana debería dimitir de su cargo al frente de la institución.
“La Generalitat ni tiene ni debe tener opinión al respecto”, ha manifestado Plaja en una rueda de prensa tras el consell executiu en el que, según ella, no ha salido el tema de Borràs, que está a las puertas de sentarse en el banquillo por presunto fraude cuando lideraba la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, para quien la fiscalía pide seis años de cárcel / SERGI PANIZO, PARLAMENT
"Máximo respeto a la presidenta"
La portavoz de la Generalitat asegura que el caso Borràs no tiene un impacto directo en los socios de gobierno, que continúan su trabajo con normalidad. Asimismo, ha expresado su “máximo respeto para el Parlament y para la presidenta” y cree que “es un tema que deben debatir los grupos parlamentarios”.
En cambio, sí que se ha posicionado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que añade más presión a Borràs. En una entrevista este lunes en Más de Uno de Onda Cero aseguró que, si fuese de ERC, "se pondría a la institución por delante, se la apartaría, defendería su inocencia y, si finalmente resuelve favorablemente a la persona, se le restaurarían las responsabilidades que había".
Bajas expectativas de la reunión con Sánchez
Por otro lado, Plaja se ha referido a la reunión del próximo viernes a las 11.30 entre Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. Un encuentro del que no esperan grandes avances: “Las expectativas no son altas porque las relaciones de confianza están mermadas y dañadas, pero es importante porque es donde se tiene que ver si hay un cambio del gobierno en su relación con Cataluña”, ha añadido.
La “carpeta de la desjudicialización”, el caso Pegasus, la amnistía y un referéndum de autodeterminación son algunas de las cuestiones que se pondrán encima de la mesa. También una reforma del delito de sedición.