El procesamiento de Laura Borràs (JxCat) es la crónica de una crisis anunciada entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) en la que se mezclan intereses electorales y de partido, y viejas rencillas. Los duros de Junts no perdonan la “pasividad” del expresidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), en la inhabilitación de Quim Torra al frente de la Generalitat. Pero es que Torrent también se sentará en el banquillo, concretamente el 12 de julio, lo que pondrá a prueba la lealtad de los consellers turullistas, que son precisamente los que rechazan salir del Ejecutivo catalán. Lo cierto es que el caso Borràs vuelve a enfrentar a los socios del Govern, abocados a una posible crisis definitiva, marcada por los tempos judiciales.
El reglamento del Parlament contempla las causas de ceses de los diputados. El artículo 24 señala como supuesto la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme. En el artículo 25, se amplía la causa de cese a los casos de procesamiento o apertura de juicio oral firmes, pero en este caso sería necesario someterlo a votación del Pleno del Parlament por mayoría absoluta, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
La última resolución del TSJC notificada el miércoles da traslado de la causa a la fiscalía para que, en un plazo de diez días, solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el archivo. La interlocutoria puede ser recurrida.
Cuenta atrás
Jurídicamente, ha empezado la cuenta atrás para que Borràs se siente en el banquillo, aunque no se pueden concretar fechas. Y, políticamente, los partidos ya han comenzado a posicionarse. Lo hacen con prudencia, en el caso de ERC y Junts per Catalunya (JxCat), sabedores de que el caso Borràs pondrá a prueba de nuevo las relaciones de los socios de gobierno. Por su parte, Ciudadanos no descarta plantear, en la próxima junta de portavoces del Parlament, prevista para el próximo martes, el cese de Borràs. De hecho, la expresidenta del Parlament, la republicana Carme Forcadell, aludía veladamente a esa posibilidad en atención al “prestigio” de la institución que la neoconvergente representa.
Por su parte, fuentes del PSC consideran que, hasta que no se haya dictado la apertura de juicio oral, poco hay que hacer.
El tiempo corre en contra de la unidad independentista, hace tiempo debilitada tras el desmarque de la CUP, que tampoco olvida que ERC y Junts no impidieron que su diputado Pau Juvillà fuera inhabilitado. Pero, sobre todo, para los dos socios del Govern. JxCat exige a ERC que arrope a su presidenta e impida su inhabilitación por parte de lo que llama “justicia española opresora”. Un discurso, el del Estado demofóbico, al que el presidente Pere Aragonès (ERC) se ha sumado en diversas ocasiones, mientras los neoconvergentes le reprochaban su apuesta por el diálogo con el Gobierno español.
'Mans netes'
Esquerra, aseguran fuentes parlamentarias, se debate entre extremar el rigor respecto a Borràs, como corresponde a un partido que ha hecho bandera de mans netes ("manos limpias") o apurar los plazos judiciales. Un sector del partido recuerda que el objetivo es captar votantes de Junts en las próximas elecciones, y cualquier tipo de linchamiento contra los líderes de la formación posconvergente es perjudicial. Ese debate ya surgió cuando Gabriel Rufián llamó “tarado” a Carles Puigdemont.
Borràs sigue siento un gran activo en JxCat, de ahí la prudencia que exigen algunos dirigentes de ERC.
Pero es que, además, un conseller de ERC --el de Empresa, Roger Torrent-- se sentará en el banquillo próximamente. Concretamente el 12 de julio, pues está acusado de desobediencia cuando presidía el Parlament. Torrent no es ahora diputado, pero sí consejero de Empresa. Y puede ser inhabilitado, lo que pondría a prueba la lealtad de los consejeros de Junts. Se da la circunstancia de que los duros que forman equipo con Borràs no han perdonado a Torrent que no fuera más proactivo en la defensa del escaño de Quim Torra cuando éste fue inhabilitado tras ser condenado por desobediencia. Así, mientras los consellers neoconvergentes, la mayoría afiliados con el secretario general del partido, Jordi Turull, rechazan la ruptura del Govern, los afines a Borràs no descartan una crisis de gobierno.