El juicio a Roger Torrent por desobediencia empezará el 12 de julio

El juicio al expresidente del Parlament Roger Torrent y varios miembros de la Mesa de la Cámara catalana por un delito de desobediencia se celebrará a mediados de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo ha señalado para los días 12, 13 y 15 de ese mes.

Esos días se juzgará a Torrent y a los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós (ambos de JxCat) y Adriana Delgado (de ERC), todos ellos por la tramitación de propuestas de resolución sobre el procés --una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación del Rey-- en 2019. Ocurrió poco después de la sentencia del proceso separatista del independentismo.

Torrent asumió todas las consecuencias

Fue la Fiscalía Superior de Cataluña la que denunció a Torrent y a los otros ahora enjuiciados por los indicios de desobediencia que apreció en las dos votaciones realizadas en el Parlament pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) en relación a las resoluciones parlamentarias sobre las dos materias. En cualquier caso, el entonces presidente asumió "todas las consecuencias" que se derivasen de ello.

Con posterioridad, el TSJC avaló que se les juzgara, atendiendo su "desprecio a la legalidad constitucional" y tras ser advertidos por el TC, al que hicieron "caso omiso". En concreto, porque las resoluciones tramitadas en el Parlament defendían el derecho a la "autodeterminación" del "pueblo de Cataluña" y la reprobación de la monarquía, un hecho "contrario a la configuración constitucional del Rey" reconocida en la Constitución.

La defensa de Torrent

El pasado septiembre, Torrent acudió al TSJC en calidad de investigado y allí defendió que tramitó las propuestas de resolución vetadas por el TC para no cercenar el debate político. También alegó que las advertencias de los letrados de la Cámara sobre su ilegalidad no eran claras, sino dudosas. "No hay ninguna resolución del Constitucional que prohíba los debates parlamentarios", expuso.

En su declaración, Torrent defendió la libertad de expresión y calificó la causa de injusta, un argumento repetido en cada una de las causas relacionadas con el independentismo.

Multa e inhabilitación

El ministerio público pide un año y ocho meses de inhabilitación, así como 30.000 euros de multa, para Torrent, actual conseller de Empresa.

Por otra parte, la fiscalía solicita la misma pena para Campdepadrós y para Costa, y la rebaja a un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros para Delgado, dado que ella solo participó en una de las tramitaciones.