La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC) ha pedido tres años de prisión para Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores de Sabadell y tío del exalcalde socialista de esta localidad barcelonesa, Manuel Bustos, por tráfico de influencias en unas obras, en una derivada del caso Mercurio.
La entidad, que ejerce de acusación popular, ha presentado un escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell por la pieza 21 del llamado caso Mercurio, una macrocausa sobre supuesta corrupción con epicentro en el ayuntamiento de este municipio que ya ha llevado a prisión al exalcalde Manuel Bustos por dos condenas firmes.
Ampliación de un local
La causa también afecta a la exdiputada del PSC y exsegunda teniente de alcalde de Manuel Bustos, Montserrat Capdevila, para quien la acusación pide una pena de un año y cuatro meses de prisión con 4.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial por un delito de tráfico de influencias.
Esta pieza se centra en las obras de ampliación de un local comercial de Sabadell, llevadas a cabo por una empresa vinculada a Garrido, sin que se pagaran los tributos correspondientes por haber aumentado la superficie de la actividad comercial.
Falsedad documental
En concreto, la acusación popular pide para Melquíades Garrido un año y cuatro meses de prisión y 4.000 euros de multa por el delito de tráfico de influencias, y un año y ocho meses de cárcel con 24.000 euros de multa por el delito de falsedad documental.
Para el propietario en el momento de los hechos de la empresa Sitjas Motor SL, donde se realizaron las obras investigadas, Antoni S., la acusación que ejerce SBDLC ha pedido una pena de un año y ocho meses de cárcel y 24.000 euros de multa por el delito de falsedad documental.
Complot para eludir impuestos
Según ha explicado la organización en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en el año 2011 cuando la Unidad de Inspección Tributaria municipal inspeccionó el local Sitjas Motor SL, puesto que en 2009 se habían realizado obras de ampliación sin facturación por parte de la sociedad que llevó a cabo la reforma.
La remodelación, que supuso ampliar la superficie de la empresa de 250 a 1.153 metros cuadrados, la realizó la compañía Construcciones Garrido Martínez, propiedad de Melquíades Garrido.
Garrido, amigo de Antoni S., organizó un complot entre los acusados con la finalidad de que la empresa eludiera el pago a las arcas municipales del incremento del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE), que le correspondía por la ampliación de superficie, según la acusación popular.