El Govern también responsabiliza al Gobierno de las colas que sufren los usuarios de la AP-7 –de titularidad estatal— desde que se eliminaron los peajes. En concreto, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, se ha referido al “incumplimiento sistemático de inversiones” en Cataluña como una de las causas de esta situación. En este escenario, y tras atacar a España, el conseller ha anunciado más carriles y algunas restricciones con el objetivo de paliar las retenciones y, sobre todo, reducir la mortalidad.
En datos de Elena, 74 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, lo que supone solo una menos que en 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, 14 ciudadanos han fallecido en la AP-7, 10 más que hace dos años, cuando se registraron cuatro decesos. Y ello, ha dicho, tiene que ver con la “masificación” de esta vía; la mitad, siete, han muerto atropellados. Asimismo, ha recordado que el tráfico en esta autopista se ha incrementado un 40% desde la retirada de los peajes, y ha añadido que las horas y los kilómetros de retención son casi los mismos los domingos que los demás días. Aquí ha dejado caer, sin decirlo de forma explícita, que el traspaso de Rodalies –o la inversión en esta infraestructura— mejoraría la red de transporte público y aminoraría el “problema”, al menos entre semana, cuando la movilidad, por motivos laborales, es “obligada”.
Más carriles, grúas y restricciones
El conseller se ha referido a “saturación” de la AP-7 en distintos momentos de su intervención y, a renglón seguido, ha anunciado algunas soluciones para tratar de resolver esta situación. Por ejemplo, la dotación de un carril adicional de 40 kilómetros al sur de la AP-7 para esponjar el tráfico; otro en la C-32 norte (de Llavaneres a Montgat) y, dentro de dos fines de semana –hay que poner señalización—, repetirán esta intervención entre Parets y Sant Celoni, a fin de “resolver las retenciones que se producen a la altura de La Roca”.
Por otra parte, entrará en funcionamiento un sistema de grúas situadas en puntos estratégicos para “llegar lo antes posible a retirar los vehículos accidentados”. Este servicio existía cuando la autopista era de peaje, y la Administración lo recuperará a partir del puente de Sant Joan. Ese fin de semana también comenzarán las “restricciones de circulación de camiones”, que se mantendrán en julio y en fechas señaladas. En concreto, estos vehículos no podrán circular los sábados entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, ni los domingos entre las cinco de la tarde y las diez de la noche. Asimismo, solo podrían ir por el carril derecho y a 80 kilómetros por hora en vísperas de una operación salida, o cuando el día siguiente sea festivo.
Velocidad limitada a 110 km/h
Por otra parte, ha explicado que la Generalitat licitará el sistema de velocidad variable para gestionar la velocidad en función de las necesidades de movilidad. Y ha pedido al Gobierno que reduzca la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora (o a 100 kilómetros por hora en lugares de elevada accidentalidad). “El 55% de la accidentalidad se produce por golpes de un coche por detrás contra otro”, ha desvelado: “A menor velocidad se garantiza que la distancia de seguridad se cumpla mucho más”.
Finalmente, ha acusado al “Gobierno del Estado” de incumplir de forma sistemática “con las inversiones en infraestructuras”, al tiempo que ha afirmado que la “liberación de los peajes se ha hecho con una improvisación total y sin planificación”. “No se han resuelto déficits estructurales que provocan retenciones que se podrían evitar”, ha dicho. Ha exigido “obras imprescindibles” como el enlace de la AP-7 con la A-2 en Martorell; la ampliación del tercer carril en Tarragona; la conexión de la AP-7 con la A-7, y la conexión Tordera-Vidreres.