El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) avala la ley de usos lingüísticos en la enseñanza, que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje, fruto del acuerdo entre Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y PSC. En su dictamen, este órgano considera que la norma se ajusta a las competencias que contempla el Estatut y a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre este asunto. La Mesa del Parlament, reunida hoy, modificará el orden del día del Pleno que comienza mañana para incluir la votación de la norma.

La resolución se ha adoptado por unanimidad pero no es vinculante. Llega después de que Ciudadanos, PP y Vox solicitaran que se pronunciase al respeto. El Parlament acordó el 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, pero el dictamen solicitado por la oposición obligó a aplazar su aprobación hasta que este órgano consultivo se pronunciase. PP y Vox ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ley ajustada al Estatut y la Constitución

El CGE considera que la proposición de ley, en cuanto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular "no vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatut, en los términos que les ha interpretado el Tribunal Constitucional. "La remisión a los proyectos lingüísticos de los centros --indica el informe--, incluidos en el su proyecto educativo, no se hace en blanco, sino que se sujeta a determinados criterios que, necesariamente, sirven de marco de referencia para su elaboración y aprobación y, después, para su control por parte del departamento competente en materia educativa".

Este marco "está integrado por las disposiciones legales que son de aplicación al régimen jurídico lingüístico de la enseñanza no universitaria, repetidas sintéticamente en el artículo 2 de la Proposición de ley: el catalán es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje, y el aprendizaje y el uso curricular y educativo del catalán y el castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos, a fin de asegurar que todo el alumnado logre dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al término de la educación obligatoria".

Uso curricular y educativo de las lenguas

En cuanto a la regulación de los criterios que determinan el uso curricular y educativo del catalán y del castellano sin establecer porcentajes, tampoco es contrario a los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatut. En este sentido, el Consejo dice que "el establecimiento de una regla de porcentajes (generales, fijos, mínimos, flexibles o de cualquier tipo) puede ser una opción política legítima pero, com a opción política que es, debe ser decidida por los poderes públicos competentes". 

Considera que la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza de cada centro "debe determinarse de forma exclusiva con criterios pedagógicos y de forma singularizada en cada uno de ellos" y "no parece que se pudiera hacer ningún reproche a estos criterios desde el punto de vista de su razonabilidad ni decía su adecuación y proporcionalidad a las finalidades básicas del sistema educativo, ni tampoco desde el punto de vista de su adecuación a la constitucionalidad".

"Combatir los ataques de los tribunales"

“Me acabo de enterar. Celebramos que esta ley tire adelante. El objetivo es combatir los ataques de los tribunales a la lengua de nuestro país y proteger el modelo de escuela catalana”, ha declarado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha tenido conocimiento de la resolución del CGE durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del consell executiu.

La nueva ley responde a la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impartir, como mínimo, un 25% de castellano en los horarios lectivos. Sin embargo, la sentencia --que ya es firme-- indica que tanto catalán como castellano deben ser lenguas vehiculares. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha asesorado a las familias que defienden su derecho a escolarizar a sus hijos en español, ha denunciado al Govern por desobediencia, pues consideran que el fallo no ha sido ejecutado.