Los profesores no podrán elegir la lengua en la que imparten la clase. Este es el aviso que ha hecho llegar el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a los docentes de los centros educativos, quienes deberán cumplir el proyecto lingüístico dentro de las aulas, les guste o no. "Se lo tienen que conocer todos los miembros de la comunidad educativa. No pueden optar en el uso de la lengua diferente al que tienen previsto en el documento".
De hecho, en una rueda de prensa ha advertido: "Es muy importante que se cumplan y todos los profesionales son los últimos responsables de que así sea". Para asegurarse, desde la inspección educativa se hará un seguimiento. "Ya sea a través de visitas ordinarias o con planes específicos de actuación", ha explicado Cambray.
Un niño levanta la mano en la clase / EP
Un decreto que contradice al TSJC
Así lo ha dicho el conseller horas después de haber enviado a las direcciones de los colegios las instrucciones con los nuevos criterios de elaboración, aprobación y revisión de los proyectos lingüísticos. Unos documentos que deberán adaptarse al nuevo decreto ley que busca "proteger jurídicamente a las direcciones ante las injerencias de los tribunales". La normativa establece que la presencia de las lenguas en las escuelas se tiene que determinar en base a criterios pedagógicos y no numéricos. Por tanto, el consejero contradice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena que, al menos, un 25% de las horas lectivas sean en castellano.
"No podemos aplicar porcentajes en el aprendizaje de nuestras lenguas", ha insistido Cambray, que actuará como "escudo legal y jurídico" ante el TSJC.
Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC; la justicia anula el cambio de modelo de gestión del agua de Sant Llorenç d’Hortons / EUROPA PRESS
"Alejemos a los tribunales de nuestros colegios"
Desde primera hora de este martes, el Govern ha emplazado a los centros educativos a hacer una verificacion de sus proyectos lingüísticos, con tal de asegurar que se adecuán a la nueva ley. Tendrán hasta el 30 de junio para responder un cuestionario de siete preguntas que servirá para "conocer la realidad de los colegios" catalanes. Si la respuesta a todas las cuestiones es afirmativa, significa que el proyecto se adapta al decreto. En caso contrario, tendrán que adaptarlo. Una vez modificado, se aprobará por parte el Consejo Escolar, se enviará a los servicios territoriales y será el Departamento quien lo acabará validando.
"Con este nuevo decreto y estas instrucciones reafirmamos nuestro compromiso de proteger al 100% a los centros educativos y también el compromiso del impulso del catalán", ha explicado Cambray, quien ha lanzado un nuevo aviso al TSJC: "Alejemos a los tribunales de nuestros colegios y dejemos la pedagogía en manos de quien sabe trabajarla".