El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha pedido que se cite a declarar como investigados a cuatro miembros del Govern de la Generalitat por la posible discriminación en la campaña de vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en la comunidad autónoma.
La solicitud se enmarca en la querella presentada por Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil, y por Jupol, el sindicato de la Policía Nacional. La propuesta fue notificada a las partes el pasado lunes, añadiendo que podían presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en un plazo de cinco ante el mismo juzgado que ha propuesto la citación.
El TSJC dio la razón a los sindicatos
El magistrado ha decidido que deben prestar declaración en calidad de investigados Carmen Cabezas Peña, la entonces subdierctora general de Promoción de la Salut, Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, director de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, director del Servei Català de la Salut.
En una sentencia emitida en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón a los sindicatos y determinó que hubo discriminación hacia los cuerpos policiales porque “la administración autonómica no dispuso del mismo empeño en la protección sanitaria” a la Policía Nacional y la Guardia Civil con respecto a los Mossos d’Esquadra y las policías locales. Además, el 4 de mayo el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por el Govern contra la sentencia del TSJC.
"Ambiente de odio"
Los sindicatos decidieron presentar una denuncia para alertar de que en la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Cataluña no se estaba vacunando a los agentes de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil –a diferencia de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local--"salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años". Las quejas provocaron la intervención de los ministerios del Interior y Sanidad, que reconocieron retrasos en el ritmo de vacunación.
La sentencia del TSJC reconoce, para Jucil, "la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que se ven inmersos para llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria y que hace que Cataluña sea considerada como Zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos”.
Piden responsabilidades al Govern
"La sentencia no solo nos daba la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas", ha valorado la secretaria provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico.
Desde Jucil reiteran que "sólo exigen para guardias civiles y policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario". De ahí que entiendan que ahora la Justicia "debe depurar responsabilidades" entre los cargos públicos del sistema de Salut de Cataluña.