Casi en tiempo de descuento, porque el plazo dado por la justicia está a punto de finalizar, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), En Comú Podem y PSC han llegado a un acuerdo para elaborar una ley que contempla el castellano como lengua de aprendizaje. La propuesta no difiere demasiado del primer acuerdo firmado el 24 de marzo, del que se desmarcaron los neoconvergentes, muy reticentes a hacer concesiones a la lengua castellana. ERC y los comunes se han mostrado más abiertos en unas negociaciones, en las que los socialistas han logrado mantener sus posiciones para evitar que el castellano no sea tratado como una lengua extranjera.

Así, el articulado de la proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, establece que "el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”.

Catalán y castellano, garantizados

"La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben ser garantizados --añade el texto-- y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado logre el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria”

De esta forma, se mantiene un amplio consenso sobre un tema, el de la convivencia del catalán y el castellano en las aulas, que los partidos independentistas habían utilizado como ejemplo de "represión" e "injerencia" de los tribunales, tras la sentencia que ordena impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano. Este mismo martes, el presidente Pere Aragonès se ha referido a la necesidad de un gran acuerdo en su balance de legislatura. Pero también se había mostrado esperanzado al respecto.

A pesar de las presiones de JxCat, de los equilibrios de ERC y la equidistancia de los comunes, los socialistas han logrado mantener sus posiciones iniciales, consistentes en mantener el catalán como lengua vehicular, pero reconociendo que el castellano también es lengua de aprendizaje. Es decir, curricular. El pacto cerrado hoy sustituye la idea inicial de reformar la ley de política lingüística --así lo preveía el acuerdo firmado por los cuatro grupos en marzo-- por la elaboración de una nueva ley que contempla la potestad de los centros escolares de adaptar sus proyectos educativos a la realidad sociolingüística. En esta norma no se hace alusión a las cuotas fijadas por los tribunales. Sí lo haría un decreto ley que el Govern prepara y que rechazaría esa "injerencia", pero fuentes socialistas ya han anunciado que no darán apoyo al mismo.

Cambios sociales

El acuerdo parlamentario repasa los cambios sociales, educativos y tecnológicos sucedidos desde que se aprobó la primera ley de política lingüística, las normas que obligan a garantizar el aprendizaje del catalán y el castellano, así como la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, en el sentido de que la protección del catalán o el occitano "no puede ir en detrimento del aprendizaje de la lengua oficial del Estado".

La determinación de las lenguas oficiales en la enseñanza “debe tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”. El alcance de esta presencia “se debe determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizadas por cada uno de los centros educativos”