Junts quiere que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la responsabilidad de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que, al menos, un 25% de las horas lectivas sean en castellano. Y para ello, propone a ERC aprobar un decreto que preserve la inmersión lingüística y que contemple que la aprobación de los proyectos lingüísticos que elevan los centros educativos recaiga en el Govern.
Según el portavoz de los neoconvergentes, Josep Rius, ésta sería la mejor fórmula para proteger a los docentes. “No se trata de desobedecer al TSJC, se trata de aplicar el marco legal vigente".
La Ley de Política Lingüística, en un cajón
Así pues, la Ley de Política Lingüística impulsada por ERC, Junts, PSC y comunes quedaría en un cajón porque, según Rius, no protege la inmersión. “No hay un estudio jurídico independiente que diga que la reforma servirá para proteger la inmersión”.
Eso explica que los de Junts se descolgasen del acuerdo al que habían llegado estos partidos para responder a la sentencia del TSJC.
ERC debe desempatar
A día de hoy, la pelota está en el tejado del Govern, que debe decidir si tira adelante la reforma sin sus socios. Un escenario que los republicanos no descartan, a pesar de que siguen intentando convencerles para que se reincorporen al debate.
Por su parte, desde ERC estudiarán la oferta de Junts, pero consideran que “cuanto más rango legislativo, mejor. Y si es una ley tramitada por el Parlament, mejor que cualquier otra iniciativa”, ha dicho la portavoz republicana Marta Vilalta.