Los rectores de las ocho universidades públicas catalanas han rechazado lo que consideran "porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial", en alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a impartir al menos un 25 % de asignaturas en castellano en el sistema educativo de la Generalitat.
A través de un comunicado conjunto, las ocho instituciones de educación superior que forman parte de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) han expresado su apoyo al actual modelo de inmersión lingüística monolingüe obligatorio en catalán impuesto por la Generalitat en las tres últimas décadas, al considerar que ese monolingüismo es un "modelo de éxito que garantiza las competencias lingüísticas de su alumnado", según ellos.
El texto, suscrito por los rectores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Barcelona (UB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Universidad Pompeu Fabra (UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universidad de Girona (UdG), Universidad de Lleida (UdL), Universidad Rovira y Virgili (URV), sostiene que "los resultados de la inmersión lingüística han evidenciado su beneficio, tanto para el alumnado como para el seno de la sociedad, contribuyendo así a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y a la normalización del uso de la lengua catalana", según ellos.
"Escuela catalana"
"Es necesario que se garantice un modelo lingüístico de escuela catalana estable que favorezca la inclusión, la cohesión y la progresión social del país", han defendido los ocho miembros de la ACUP, entidad que en el pasado ya ha mostrado en varias ocasiones su afinidad a los postulados del nacionalismo gobernante en Cataluña.
El TSJC ha ordenado a la Generalitat que cumpla de "inmediato" la sentencia que pone fin a la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán e insta a que al menos un 25% de la enseñanza en Cataluña sea en castellano, lo que se traduce en una asignatura troncal en español además de la materia lingüística de este idioma.
La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC ha dado un plazo máximo a la Generalitat de 15 días para que todos los alumnos "reciban de manera efectiva e inmediata" la educación mediante la utilización vehicular "normal" de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que "no pueden ser inferiores al 25% en uno y otro caso".