Interior dio órdenes precisas sin firmar de cómo proteger a activistas para ganarse a la CUP

La Consejería de Interior de la Generalitat dio instrucciones precisas, pero sin firmar, sobre cómo proteger a activistas en encuentros y manifestaciones en una reunión celebrada hace un mes. El departamento, a través de 23 supuestos --obstrucción a la policía, resistencia en una detención…--, instaba a no aplicar la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, en determinados casos. De esta forma, Interior intentaba congraciarse con la CUP en un momento de vacío en el mando de la subdirección general de Seguridad.

Las instrucciones se enmarcan en el objetivo de Interior de reinterpretar la ley mordaza para satisfacer las exigencias de esta formación. Los acuerdos de investidura de Pere Aragonès incluían, como uno de los puntos más relevantes, la revisión del modelo policial, que se ha plasmado en una comisión de trabajo a tal efecto presidida por los antisistema.

Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, con altos mandos de los Mossos d'Esquadra / EP

Tal como publicó Crónica Global, el pasado 20 de enero, la Consejería de Interior solicitó un dictamen al gabinete jurídico de la Generalitat sobre un documento elaborado por ese departamento para ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana, en casos de reuniones y manifestaciones. Dolors Feliu, abogada de la Generalitat y candidata a la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), avaló jurídicamente esas instrucciones en un informe al que ha tenido acceso este medio y en el que considera que “los actos aislados de violencia no hacen que una reunión o manifestación pierda el carácter de pacífica” y que “la caracterización de la violencia en estos casos se debe realizar de manera restrictiva”.

En su informe, Feliu remite a sentencias del Tribunal Constitucional, así como a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Gráfico con detalles

Hace un mes, durante una reunión donde los responsables jurídicos de las diferentes unidades impartieron instrucciones más precisas, pues se distribuyó un gráfico con una casuística de 23 posibles conductas, el artículo de la ley mordaza susceptible de ser aplicado y qué tipo de actuación se debía llevar a cabo: archivo inicial o incoación y, en este caso, la aplicación o no de la norma. Este documento no iba firmado ni llevaba el membrete de la consejería.

Por ejemplo, en el caso de resistencia pacífica o impedir el paso de los agentes con una sentada, se instaba a no abrir expediente. Asimismo, en el supuesto de la obstrucción de la detención de una persona, de la entrega de una citación judicial o la orden de precinto de un vehículo procedente de la agencia tributaria, se sugería iniciar el expediente, pero no aplica la ley.

También se instaba a incoar expediente en relación a personas que han “inducido a realizar actos de violencia activa y descartar, previamente, la posibilidad de haber incurrido en delito de atentado, incluso cualificado”, pero no aplicar la citada ley.

Inquietud en el cuerpo de Mossos

Las excepciones a esta norma han generado inquietud en el cuerpo de Mossos debido a la inseguridad jurídica que generan y tienen lugar en un momento de vacío en la subdirección general de Seguridad de la Generalitat, tras la marcha de Jordi Ferreres. Fuentes policiales aseguran que no está siendo fácil encontrar sustituto.

Sobre estas instrucciones preguntó el diputado de PSC-Units Ramon Espadaler en la última reunión de la Comisión de Interior, en la que compareció el consejero, Joan Ignasi Elena.

"Rozando la prevaricación"

“Nosotros estamos por la reforma de la ley, encallada (en el Congreso) porque ERC quiere sacar la penalización del ejercicio de la prostitución y nosotros no, porque somos abolicionistas. Pero mientras esté vigente, nos agrade o no, se debe cumplir. Si no, está desautorizando al cuerpo de Mossos y rozando la prevaricación. Nos alarma que en la memoria del departamento no se ha tramitado ningún expediente en materia de orden público”, explicó Espadaler.

Elena, que defendió los acuerdos con la CUP, no aclaró si las instrucciones están vigentes o si la reciente irrupción de independentistas en un pleno del Parlament se había saldado con expedientes.

Una persona sujeta una bandera durante una concentración en la avenida Meridiana de Barcelona, en una imagen de archivo del pasado 1 de febrero / Lorena Sopêna - EUROPA PRESS

Según el análisis que PSC-Units hizo de 2.775 actas levantadas entre 2019 y 2021 en altercados callejeros, ninguno de ellos se tradujo en sanciones. Algunas corresponden a incidentes graves. Por ejemplo, los desórdenes y las hogueras que se llevaron a cabo en el corte independentista de la avenida Meridiana el 4 de marzo de 2020 no acabaron en expediente. Tampoco los hechos ocurridos en la misma zona el 7 de marzo de 2020, cuando se atacó a un conductor. En esa avenida se han levantado 150 actas desde 2019 sin identificación.