La Generalitat reconoce que 4.170 personas viven en barracas en Cataluña

La muerte de dos personas tras incendiarse su barraca en Montcada i Reixach (Barcelona) el pasado mes de enero volvió a poner el foco mediático y político sobre la situación de personas en situación de exclusión residencial. Un problema que no depende solo de los ayuntamientos, sino de la Generalitat, que ha puesto en marcha un plan de choque presupuestado en 98 millones de euros tras detectar, según los datos facilitados a Crónica Global, que un total de 4.170 personas viven en estructuras temporales o no convencionales (1.108) o en viviendas no apropiadas según la legislación (3.062). Pero esta cifra es solo la punta del iceberg de una situación de exclusión residencial que afecta a 58.930 personas, según los datos aportados por 786 municipios.

Para adoptar medidas para reducir el número de personas sin hogar, el departamento dirigido por Violant Cervera tenía que hacer una radiografía de esos problemas de vivienda, donde malvivir en barracas es el caso más extremo. Pero la casuística es diversa y junto a esas 4.170 personas que residen en barracas, otras 18.452 lo hacen en una vivienda masificada, lo que el Govern clasifica como vivienda inadecuada (un total de 22.622). Pero es que, además, 25.108 personas viven de forma insegura, esto es, en una vivienda con un régimen inseguro o sin pagar alquiler (15.322), bajo la amenaza de desahucio (6.587) o bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o pareja (3.199).

Asimismo, 5.423 personas carecen de vivienda porque viven en albergues o centros para personas sin hogar (2.219), refugios para mujeres (404), alojamientos reservados para inmigrantes o demandantes de asilo (167), están a punto de finalizar su estancia en instituciones residenciales o internamiento (156) o viven en alojamientos con apoyo sostenido a causa de la condición de persona sin hogar (2.477).  En la categoría de sin techo se encuentran 5.777 porque viven en un espacio público a la intemperie (2.531) o pernoctan en un albergue y/o son forzadas a pasar el resto del día en un espacio público (3.246).

Se trata de cifras correspondientes a 2016, alteradas, obviamente, por la pandemia del Covid. Entre marzo y junio, el número de personas sin hogar atendidas aumentó un 75%, aunque hay que tener en cuenta la llegada de temporeros a las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera. Barcelona es la ciudad más afectada y atendía entre el 40% (a fecha de 2016) y el 37% (a fecha de 2020) de las personas sin hogar en recursos residenciales temporales (albergues, pisos, pensiones, etcétera).

Hecha la radiografía, la conselleria ha elaborado un plan de choque sintetizado en 138 páginas del documento Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 [Se puede leer en este enlace] que prevé destinar 97,8 millones al abordaje de este problema a través de diversas vías, como la adquisición de viviendas para personas sin hogar por parte de la Agencia de la Vivienda, y dos líneas de convocatorias de subvenciones de los fondos Next Generation EU para la construcción y remodelación de equipamientos.

Por otro lado, el Govern hará una diagnosis sobre el chabolismo en el cauce del río Besòs en el ámbito metropolitano de Barcelona, con el fin de crear planes de actuación concretos que permitan intervenir para revertir la situación de las personas que residen.