El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha completado el pago de los 30.000 euros que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso como multa en diciembre de 2019 por desobediencia. La sala de los Civil y Penal ha emitido una ejecutoria en la que manifiesta que el independentista ha abonado “el total” de la sanción “de diez meses con uno cuota diaria de 100 euros”.
En el plano judicial, esta manifestación implica que se declare “cumplida la pena de multa y extinguida por cumplimiento la responsabilidad criminal del penado Joaquim Torra i Pla, con efectos desde el día 3 de enero de 2022”. En el político, implica que, de nuevo, las promesas de desobediencia del independentista son limitadas.
Anuncio de desobediencia
Cabe recordar que el expresidente catalán mandó una carta en mayo de 2021 desde su oficina, radicada en Girona, en la que anunciaba que no pensaba pagar las sanciones económicas que se le impusieron por negarse a retirar de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los secesionistas y varios lazos amarillos en período electoral. En esa misiva hacia referencia a tres sanciones interpuestas por la Junta Electoral Central (JEC) previas a la judicialización del caso.
“No pagaré estas multas y, por lo tanto, será necesario que me roben ese dinero si lo quieren cobrar”, manifestó en la carta dirigido a sus acólitos. Las tres sanciones a las que hacía referencia ascendían a 8.500 euros, una cantidad mucho menor de la que fijó el TSJC en su condena al expresident. Pena a la que se añadió una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de un año y seis meses que le obligó a dejar su cargo y sumió al Ejecutivo catalán en una situación de interinidad y parálisis institucional.
Evita la cárcel
También aseguró que estaba "dispuesto a entrar en prisión". Con todo, la pulcritud con los pagos al TSJC indica lo contrario. El independentista ha evitado desobedecer en el abono de los 30.000 euros. Y es que, tal y como recordó el tribunal, la responsabilidad personal subsidiaria que implicaba hacer oídos sordos a la reclamación económica se pagaba por “un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas”, además de sumar más días en su inhabilitación. Torra ha evitado de este modo entrar en la cárcel.