El Parlament denunciará el 'caso Pegasus'

El Parlament denunciará el caso Pegasus, el presunto espionaje a unos 60 políticos y activistas independentistas. La cámara catalana se querellará por las supuestas escuchas telefónicas a los secesionistas, según han aprobado hoy ERC, Junts, PSC; comunes y CUP. 

La propuesta de resolución la ha planteado la Mesa del Parlament, que ha planteado llevar a la justicia un escrito en nombre de la cámara regional para investigar el presunto seguimiento tras la denuncia pública realizada por Citizen Lab por medio de un reportaje en The New Yorker. Independentistas, comunes y socialistas lo han avalado, aunque Vox, Cs y PP han votado en contra. 

Pleno tenso

Antes, el pleno había comenzado de forma tensa, por cuanto la presidenta del Parlament, Laura Borràs, había leído una declaración de la junta de portavoces que condenaba el presunto "espionaje político". El texto, asimismo, emplazaba al Estado a erradicarlo. 

La acción no ha sentado bien entre parte de la oposición, que ha alzado su voz contra la politización del hemiciclo. Uno de los que lo ha hecho ha sido el diputado Matías Alonso (Ciudadanos), que ha protestado. Borràs lo ha apercibido en hasta tres ocasiones, hasta que lo ha terminado expulsando de la cámara. 

PSC: "Esclarecer los hechos"

Después, en las intervenciones, el diputado del PSC y secretario primero de la Mesa, Ferran Pedret, ha enfatizado que los socialistas "están a favor de esclarecer los hechos", como lo estuvieron, ha dicho, en otros capítulos de espionaje anteriores. Pedret ha recalcado que los socialistas están en contra de cualquier intervención de las comunicaciones "sin amparo legal". 

A su vez, Jorid Orobitg (ERC), ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha valorado que los diputados que se han opuesto hoy a denunciar el caso --los de Vox, Cs y PP-- "forman parte del problema y no de la solución". 

Sánchez promete "máxima transparencia"

La resolución del Parlament ha coincidido con un agrio debate en el Congreso de Diputados en el que ha intervenido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha prometido "máxima transparencia" para esclarecer el presunto espionaje, aunque ha recordado que la inteligencia nacional "actúa con arreglo a la ley". 

Por su parte, la ministra Margarita Robles ha defendido a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas Armadas, ha subrayado el trabajo dentro del ordenamiento jurídico y ha afeado la "falta de material probatorio" del supuesto espionaje.