Plataforma per la Llengua acusa a la Comisión Europea de no atenderles

Las entidades afines y subvencionadas por la Generalitat de Cataluña se muestran molestas ante el escaso eco que sus exigencias parecen tener en las instituciones comunitarias. Entre ellas, Plataforma per la Llengua, que en las últimas horas ha expresado su indignación hacia la Comisión Europea (CE) por el hecho de no haber atendido --según su versión-- sus dos peticiones para reunirse.

Así lo ha denunciado este martes la entidad ultranacionalista contraria al bilingüismo oficial en la autonomía. Retroalimentándose gracias a una pregunta de Junts per Catalunya (JxCat) al respecto en la Eurocámara, Plataforma per la Llengua afea a la CE que el pasado 9 de diciembre el comisario de Justicia, Didier Reynders, se reuniera con el eurodiputado de Ciudadanos (Cs), José Ramón Bauzá, acompañado por el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, para pedir a Bruselas que siga el cumplimiento de las sentencias que instan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña, además de acusar a la Generalitat de erosionar el Estado de derecho. Algo que ha indignado sobremanera a los secesionistas. 

Queja por el 25% de castellano en clase

Plataforma per la Llengua critica a los dirigentes comunitarios porque sostiene que la entidad constitucionalista no estaba inscrita en ese momento en el Registro de Transparencia de la CE --si bien la reunión la pidió el eurodiputado de Cs--, y "los eurocomisarios tienen prohibido reunirse con entidades no inscritas". A pesar de lo cual --según su versión-- "el portavoz de Justicia, Christian Wigand, dijo sobre esta reunión que era importante escuchar a la entidad, tener diferentes puntos de vista y que su puerta estaba abierta".

La autodenominada "ONG del catalán" asegura haber pedido reunirse en dos ocasiones --ese mismo 9 de diciembre y el pasado 14 de febrero--, pero pese a estar inscrita en el registro, sus supuestas súplicas no han sido atendidas. Su propósito era quejarse de las sentencias del mínimo de 25% de clases en castellano en Cataluña y por la "falta de personal en la administración de justicia" en la autonomía.