“Invertir en políticas sociales es un ‘chollo’”: la fórmula para evitar los subsidios

¿Inversión en políticas sociales o en subsidios? Dos formas de enfocar la lucha contra las desigualdades sociales. Cada vez hay más autores que defienden el concepto de predistribución, esto es, interpretar el gasto social como inversión productiva, no como subsidio o prestación. Dicho de otra manera, invertir en la universalidad de la sanidad y la educación de 0 a 3 años o la regulación de la vivienda, por ejemplo, aumenta la equidad y proporciona retornos muy elevados a la sociedad. La idea central de la predistribución es que las políticas públicas contra la desigualdad no pueden limitarse a corregir los resultados del mercado ex post, sino que deben actuar ex ante sobre sus causas.

Borja Barragué, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y Guillem Vidal, doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, defienden la predistribución como arma contra las desigualdades. Lo hacen en un artículo publicado por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC.

Según explica Barragué a Crónica Global, “predistribuir no sólo mejora la equidad en una sociedad, sino que también la hace más eficiente. Una de las políticas predistributivas más típicas es la inversión en la educación prescolar. Cuando los científicos sociales (el Premio Nobel de Economía James Heckman, por ejemplo) han evaluado programas predistributivos como el Programa Perry estadounidense, encontraron que la rentabilidad se encuentra en el entorno del 10% (pero un artículo publicado por el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis elevó esta cifra hasta el 16%). Es decir, por cada dólar invertido en un programa de intervención educativa temprana como el mencionado, la sociedad en su conjunto recibe entre 10 y 16 dólares. La predistribución aumenta la equidad de una sociedad, pero además es un chollo”.

Retornos muy elevados

Los científicos sociales más reputados y las oficinas de investigación de bancos centrales y organismos multilaterales como la OCDE o el FMI que han evaluado la rentabilidad de políticas sociales como las educativas, las sanitarias o las de lucha contra la pobreza, han encontrado que tienen retornos muy elevados. “Esto no nos debería extrañar porque una persona enferma o un niño que no puede estudiar porque sus padres viven en condiciones de exclusión social no pueden trabajar. La mala salud y la mala educación responden, con muchísima frecuencia, a situaciones de inequidad, de falta de justicia social en el sistema”, explica Barragué.

Pero, además, “son ineficientes desde el punto de vista económico porque lastran la productividad de las personas con menos oportunidades de la sociedad, que no tienen por qué ser las que menos talentos productivos tengan. Invertir en educación, en sanidad y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social es invertir en justicia social y, además, invertir en mejorar la productividad de un país. Dicho de otra forma: invertir en políticas sociales es lo (más) justo, pero además es también lo (más) inteligente”.

España es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de toda la UE. Las tasas de pobreza son muy altas, sobre todo en la población infantil. El mundo empresarial también ha alertado de la necesidad de un nuevo contrato social. Foment del Treball acogió hace varios meses unos jornadas en la que el economista Anton Costas, advirtió de la necesidad de buscar un reparto equilibrado entre individuos, empresas y Estado.

“La desigualdad es un disolvente poderoso, una termita interna que no se nota en el primer momento y al final te hace caer y que desdibuja el contrato social. Si queremos afrontar la lucha contra la desigualdad y actualizar el contrato social es necesaria una nueva mentalidad y establecer conceptos nuevos como por ejemplo inversión en vez de gasto, y llevar este pensamiento en gran parte de los proyectos sociales”. Más recientemente, el presidente de Agbar, Ángel Simón, se ha referido a la importancia de la colaboración público-privada para revertir las reducir las diferencias sociales.

¿Negacionismo?

Pero, ¿es consciente la sociedad de esas grandes desigualdades sociales? “Existe cierto negacionismo derivado del hecho de que algunas personas solo conciben la pobreza en su dimensión extrema, de carencia material severa --afirma Barragué--. Para alguna gente, pobres solo lo son quienes carecen de vivienda y recuperan de los contenedores la comida que los supermercados descartan todas las noches. Por eso no conciben que haya niños que dependen de que haya colegio para poder desayunar todos los días, o que haya familias que llevan años sin irse de vacaciones porque destinan un porcentaje tan alto de sus ingresos mensuales al alquiler o la hipoteca que las vacaciones son un lujo que no se pueden permitir. En las democracias occidentales, la pobreza es un indicador de desigualdad: España alberga mucha desigualdad y, por consiguiente, también mucha pobreza”.

A su juicio, con la aplicación de esas políticas predistributivas se podrían haber afrontado mejor las consecuencias de la pandemia o de la guerra en Ucrania. “Una de las formas de entender la predistribución apela a la idea de la desmercantilización popularizada por Karl Polanyi. Hay cosas que son tan cruciales para vivir una vida que merezca la pena vivir, que parece más sensato garantizar su provisión por parte del poder público que dejarlas al albur del mercado. La educación o la sanidad, por ejemplo, son recursos tan cruciales, tan vitales de hecho, que la mayoría de las Constituciones las reconocen como derechos de ciudadanía. Uno podría pensar, por ejemplo, que tener una casa y poder calentarla en invierno son necesidades tan fundamentales que su satisfacción no debería depender de poder costearlas al precio de mercado”.

La vivienda, asignatura pendiente

Pero la vivienda sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. “Invertimos muy poco en políticas de vivienda. Además, España es un país donde la vivienda es particularmente cara, en términos comparados. En 2008, la ratio entre el precio medio de la vivienda y el salario mediano era de 7,84 para un piso de 70 metros cuadrados. O lo que es lo mismo: el coste de la vivienda es de unos 8 años de salario bruto íntegramente destinados a su compra. Esto es casi el doble de los valores que recomiendan los organismos multilaterales. Desde entonces esa ratio ha disminuido, situándose en 2020 alrededor del 6, pero tampoco lo ha hecho demasiado, ya que al tiempo que se devaluaba el precio de la vivienda, también lo hacían los salarios y las condiciones de trabajo. Sobre todo, las de los (más) jóvenes”, indica el experto.

En España “las generaciones nacidas en la década de 1980 y posteriores tienen muy difícil acceder a una vivienda en propiedad, porque la burbuja infló su precio y la devaluación posterior afectó también a los salarios y la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes. Eso es lo que revela el dato de que en 2019 el 64,5% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vivan aún con sus padres”.