Torra apoya una huelga de hambre contra el 25% de castellano, pero no la hace

Quim Torra ha expresado este miércoles su "apoyo" a la huelga de hambre anunciada por dos simpatizantes secesionistas que rechazan la sentencia que insta a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat, inhabilitado por desobediencia, ha visitado la sede del autodenominado Consell per la República de la localidad barcelonesa de Vic, donde el médico Carles Furriols y el profesor jubilado Jaume Sastre han anunciado que inician esta acción para expresar su rechazo al bilingüismo escolar.

"El 25% ha desbordado el vaso"

La huelga de hambre está previsto que dure cinco días --hasta el 25 de abril--, fecha en que inicialmente estaba previsto que el Parlament votara la reforma de la Ley de Política Lingüística impulsada por ERC, PSC, En Comú Podem y JxCat --si bien esta última formación se desmarcó del acuerdo poco después de firmarlo--. El pleno, de todas formas, está previsto que se aplace y se posponga más allá de esa fecha.

"Hay que pasar a la acción; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% ha sido la gota que ha desbordado el vaso", ha manifestado Sastre, que en 2014 ya dejó de comer durante 41 días en contra de la política educativa del entonces presidente balear, José Ramon Bauzà. Al igual que Furriols, esta vez estará atendido por un equipo de apoyo durante los días que dure su iniciativa.

Torra, de visita

Torra ha visitado a ambos activistas para trasladarles su respaldo por su "determinación en defensa de la lengua". "Hoy empiezan una huelga de hambre para exigir la protección del catalán y la inmersión ante los ataques constantes del Estado español", ha manifestado el exdirigente secesionista, que posteriormente se ha ido a Granollers a hacer otra de las numerosas presentaciones de su libro Les hores incertes. 

Torra, inhabilitado por desobediencia a finales de 2020, disfruta a día de hoy de un sueldo cienmileurista por parte del mismo Estado al cual critica gracias a su condición de expresidente de la Generalitat. Como máximo dirigente del Govern, fue el segundo cargo político mejor pagado de toda España --tras la presidencia del Parlament de Cataluña--, con un salario anual de 153.235 euros. Y a pesar de su destitución, durante los próximos tres años seguirá percibiendo el 80% de esa cantidad: 122.400 euros anuales, tal como establece la legislación catalana en la Ley 6/2003, de 22 de abril.