Los comunes atacan de nuevo a 'Metrópoli' y 'Crónica Global'

Los comunes han dado otro impulso a su campaña de desprestigio contra Metrópoli y Crónica Global con el objetivo de amedrentar la actividad periodística que ambos medios practican. Su nuevo ataque a la libertad de prensa se basa en asegurar que Google ha borrado contenidos de ambas publicaciones por considerar que son fake news. Cuestión que, de nuevo, está lejos de ser verdad.

El partido político ha presentado varios requerimientos a Youtube, la plataforma de vídeos que el gigante de Mountain View adquirió en 2006, para intentar retirar varios contenidos audiovisuales al asegurar que se vulneran derechos de autor. Basan esta petición en que se usan imágenes del pool público municipal, cuestión que les fue reconocida por la multinacional y que propició su retirada. Todos estos contenidos audiovisuales han sido restablecidos y se pueden consultar en enlaces como este o este. Su paralización se ha recurrido al entender que no se ha vulnerado ninguna norma sobre la autoría del material que se emite.

Falsedades de la formación política

Este paréntesis temporal ha sido usado por el partido político para lanzar otro ataque a ambos medios. Ha divulgado que “Google ha borrado de forma permanente contenidos audiovisuales que usaban para atacar a Ada Colau y que se alojaban en Youtube” y que eso se sumaba a una lista de “rectificación de más de 30 noticias que difundían mentiras o datos que no eran ciertos”. Extremo que, de nuevo, es falso.  

La única ocasión en la que el contenido de una información --el fondo del asunto-- ha sido analizado por los tribunales ha implicado un sonoro correctivo para los comunes. La Audiencia de Barcelona avaló la serie de noticias que Crónica Global publicó en el verano de 2018 sobre la crisis de seguridad del reparto de paquetería en algunas zonas de la capital catalana, donde se frenó la actividad por los robos continuados que sufrían los trabajadores. Es más, condenó al Ayuntamiento de Barcelona a pagar las costas del proceso judicial.

Campaña a costa de las arcas públicas

La campaña de desprestigio del partido de la alcaldesa contra ambos digitales se financia con las arcas municipales. No se puede cifrar el importe de la factura porque el gobierno local ha rechazado detallar los dispendios de los servicios jurídicos locales ni a los medios de comunicación ni a los partidos de la oposición municipal que se lo han requerido.

El equipo de comunes y PSC también usa estos fondos públicos para regar a los medios de comunicación que han renunciado a practicar un periodismo fiscalizador de la actividad municipal. De hecho, ni Metrópoli ni Crónica Global reciben publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Ni siquiera la que tienen reconocida al ser dos de los productos periodísticos más leídos de la capital catalana.

Libertad de prensa

Todo ello forma parte de la misma campaña de desprestigio que incluye asegurar de forma pública que ambas publicaciones son meros instrumentos de empresas privadas que las usan como un tablón de anuncios. Extremo que, de nuevo, es falso y que se desmonta de forma fácil si se consultan en el Registro Mercantil las cuentas de la sociedad editora de ambas publicaciones, que son públicas.

Los más de 4,3 millones de euros de facturación del grupo editor son la base de la libertad de prensa que el grupo practica sin cortapisas, gracias al apoyo del mercado libre y de la amplia comunidad de suscriptores que han decidido apoyar un modelo de prensa libre. Como sus gestores y fundadores han expresado en varios foros, la única forma de conseguirla es disponer de una cuenta de resultados saneada y que no dependa de ningún actor ni público ni privado. El gobierno municipal no es ajeno a esta tesis. El uso que realiza de la publicidad institucional demuestra que esta lección la tiene bien aprendida.