Bruselas avala las euroórdenes ante el TJUE porque España respeta los derechos

La Comisión Europea ha apoyado este martes la posición de España contra los motivos para rechazar la euroorden, incidiendo en que el país no registra problemas sistémicos, por lo que considera que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconseller Lluís Puig, en un caso que también afecta al futuro judicial de otro prófugo de la justicia: el expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont, entre otros.

Así se ha pronunciado en la vista ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para examinar la cuestión prejudicial remitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra Puigdemont y sus exconsellers fugados en Bélgica tras el referéndum ilegal de secesión del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlament.  En concreto, la entrega de Puig fue rechazada por los tribunales belgas alegando posible vulneración de derechos fundamentales.

"No hay deficiencias sistémicas"

El abogado de la Comisión Europea en esta vista, Julio Baquero Cruz, ha argumentado que para valorar si un Estado puede violar los derechos fundamentales hay que analizar si existe "un riesgo sistémico" en el país en cuestión y, en "una segunda etapa del análisis, ver cuáles son las consecuencias de las posibles deficiencias sistémicas para el asunto individual".

En este sentido, Baquero Cruz ha dejado claro que "no existe un problema sistémico de Estado de derecho en España" y, que si "no hay deficiencias sistémicas o generalizadas, (...)  será innecesario en la mayoría de los casos pasar a la segunda etapa del análisis".

El abogado de Puigdemont ve "persecución"

En cambio, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dicho que en España existe una "persecución, absolutamente infame, por motivos políticos" contra los líderes secesionistas catalanes.

Unas afirmaciones que ha rechazado la abogada del Estado, Andrea Gavela, que ha negado que los políticos secesionistas sean "un grupo individualizado" contra el que se vulneran los derechos fundamentales en España.

Bruselas considera que primero deberían probarse los fallos generales del sistema español y luego las consecuencias concretas para cada caso. "Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes, si no hay deficiencias el sistema de confianza debe mantenerse", ha defendido un exletrado del TJUE.

Riesgo de inoperancia del sistema

En representación de España, Gavela ha señalado que la deficiencia para no cumplir con una petición de entrega debe ser generalizada, "porque una falla puntual se salva con los mecanismos del propio sistema". Y ha advertido de que se debe demostrar el riesgo real de que las vulneraciones se materialicen en caso de entrega.

Asimismo, ha descartado que la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), que aduce la defensa de los líderes secesionistas, represente "un elemento suficiente para considerar acreditado la vulneración de un derecho fundamental".

Gavela ha avisado ante los jueces europeos de que con este caso "está en juego que una situación excepcional se aquilate y haga inoperante la herramienta" de las euroórdenes.

Cooperación judicial

Frente a las distintas peticiones de entrega emitidas por Llarena, la abogada española ha indicado que el mecanismo se basa en la cooperación judicial y ha defendido que "cabe emitir nuevas órdenes aunque anteriores hayan sido denegadas, retiradas o concedidas".

"Lo relevante no es lo que haya pasado en el pasado, no es lo que se pretende con la cuestión prejudicial, sino que sean relevantes para un procedimiento futuro", ha manifestado.

Las trabas de Bélgica

La Gran Sala del TJUE, compuesta por 15 jueces, analiza este martes las preguntas que le planteó el juez Llarena después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazara entregar el año pasado al exconseller Puig, aduciendo que el Tribunal Supremo no tiene competencias para asumir la causa del 1-O, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La justicia belga descartó también la extradición al considerar que España puede violar los derechos fundamentales de Puig, en especial la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.