Tras doce años de recortes, la Generalitat vuelve a financiar la educación de 0 a 3 años, no obligatoria, pero esencial para combatir la segregación escolar y las desigualdades, según los expertos en educación. Las ayudas públicas a las guarderías cayeron en picado en 2010 cuando Artur Mas asumió la presidencia de la Generalitat. Cinco años después, las eliminó por completo, lo que obligó a los ayuntamientos a asumir el coste. La Justicia obligó a la Generalitat a devolver el dinero gastado por los municipios en varias sentencias, aunque alguna de ellas no son firmes porque la Consejería de Educación presentó recurso.
El actual conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado que a partir del curso 2022-2023 desplegará la gratuidad de P2 en las guarderías públicas, y que subvencionará también las plazas de las guarderías privadas con 800 euros, tras llegar a un acuerdo con las patronales del sector. Se trata de una de las promesas que hizo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su investidura. Cambray ha cerrado un acuerdo marco con la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) sobre la gratuidad del P2 en las guarderías públicas.
Evolución del gasto de la Generalitat en guarderías / CG
El Govern intenta revertir esos tijeretazos de Mas. Cuando el convergente asumió la presidencia, aplicó una política de recortes en el gasto público especialmente dura en cuanto a las guarderías. El presupuesto de la Generalitat para el funcionamiento de las escoles bressol, que en 2010 superaba los cien millones, pasó a 60 millones en 2014. Asimismo, del importe destinado a la creación de nuevas plazas de guardería, 21 millones en 2007, se pasó a cuatro millones. En 2015 se eliminó por completo.
Desde entonces han sido los ayuntamientos, ayudados por la Diputación de Barcelona, los que han sufragado esos gastos. Una treintena de consistorios acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar el gasto destinado durante estos años. Y la Justicia les dio la razón, condenando a la Generalitat a pagar los atrasos. La Sindicatura de Cuentas, por su parte, también cuestionó la gestión de las ayudas a la educación de entre 0 y 3 años. En concreto, criticó el perjuicio provocado a las familias beneficiarias por los retrasos en la concesión de las ayudas.