Pelea en el Govern para definir cómo gastar los 200 millones transferidos del Estatut

Una reivindicación histórica que por fin ve la luz: la inversión del Estado en infraestructuras catalanas en cumplimiento del Estatut. De los 759 millones reclamados, se han transferido ya 200 millones a las arcas de la Generalitat. Sin embargo, la gestión de ese dinero ha generado una pugna entre los departamentos de Economía y de Vicepresidencia y Territorio. Desde ambas consejerías se asegura a Crónica Global que no hay duda respecto a la finalidad de las partidas, aunque fuentes conocedoras de esos traspasos sostienen que la necesidad de liquidez del Govern ha provocado ese choque.

El pasado 2 de marzo, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) entre el Estado y la Generalitat estableció el calendario para seguir cumpliendo el acuerdo al que se llegó en la anterior reunión, celebrada en septiembre de 2018 –el procés había roto los puentes entre ambas Administraciones--, para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la disposición adicional tercera (DA3) del Estatut. En ella se establece que “la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas”.

Durante años, la Generalitat había reclamado 759 millones por ese concepto y, de hecho, el Gobierno socialista había aceptado ese pago, más por un compromiso político que por obligación, pero nunca llegó a abonarlos.

Tras el fallo del Supremo, que dio la razón al Govern, se acordó que los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2019 a 2022 incluirían partidas por un importe total de 759 millones de euros en compensación del déficit inversor en infraestructuras en Cataluña en 2008.

Sin embargo, debido a las prórrogas de los presupuestos de 2019 y 2020, no fue posible incorporar las dotaciones correspondientes para cumplir con este acuerdo hasta las cuentas de 2021. En ese ejercicio, ya se incorporó una partida de 200 millones de euros, que se transfirió a Cataluña en su totalidad. La ley de presupuestos del Estado de 2022 incluye un crédito presupuestario por idéntica cuantía de 200 millones.

Asignación en los presupuestos del Estado

Para satisfacer los 359 millones de euros restantes, la CMAEF –presidida por el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero-- acordó que los presupuestos para 2023 y 2024 incorporen los importes de 200 y 159 millones, respectivamente.

Tras la reunión quedó claro que “estos importes se destinarán a inversión en infraestructuras de movilidad del Departamento de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio”, explican fuentes de esta consejería.

Sin embargo, según ha podido saber este medio, la transferencia de esas históricas partidas había generado una pugna entre el vicepresidente Jordi Puigneró y el consejero Giró. Al parecer, el primero quería asumir directamente esas inversiones, mientras que su compañero de partido, el consejero de Economía, era más partidario de gestionar ese dinero para garantizar la liquidez del Govern. No obstante, portavoces de este departamento aseguran que siempre han dicho “que las partidas de la DA3 irían destinadas a infraestructuras”.

Sin embargo, Puigneró pareció quedar aliviado cuando la cuestión se abordó en el último pleno del Parlament y se solemnizó el destino del dinero. Hurgó en esas desavenencias el diputado de PSC-Units Jordi Terrades. “De estos 759 millones de euros, 200 ya se entregaron en el 2021. Y la pregunta es obvia: ¿a qué los han destinado? ¿A qué infraestructuras? Porque fueron a parar a la caja única, pero la trazabilidad es difícil de seguir, a pesar de que ustedes siempre se quejan al respecto, ¿no? Y, sobre todo, los 559 millones restantes ¿a qué los piensan dedicar? ¿Piensa asignarlos usted desde su consejería, tal y como la adicional tercera nos indicaba? ¿O los asignará el conseller Giró para otras políticas de gobierno?”.

Puigneró respondió: “[Los 200 millones] se nos pagaron a fin de año, pues no había tiempo material para decidir a qué se designaban. Pero el compromiso que tengo con el conseller de Economia es que todos estos recursos, tanto los 200 del 2021 como los 550 pendientes por pagar, y que espero que se vayan abonando en los próximos años, estarán dedicados a financiar inversiones en materia de infraestructuras de movilidad”.

Diputados de la Cámara catalana aseguran haber visto a Puigneró agradecer a Terrades la pregunta.