La impunidad de los CDR: el legado de Torra y de Sàmper

Octubre de 2020. Manifestación no comunicada en Ciutat Vella (Barcelona) con motivo del aniversario del referéndum del 1 de octubre. Diez contenedores quemados, pancartas de “Ni un pas enrere. República. CDR”, lanzamiento de barras de hierro y cristales contra los Mossos y de bolsas de basura contra la Jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana. Daños en el mobiliario urbano. 16 detenidos. No se abre ningún expediente.

Este es solo uno de los miles de altercados en los que la policía autonómica levantaron acta, sin que eso se tradujera en sanción. En aquella fecha, Miquel Sàmper era el consejero de Interior por designación de Quim Torra, decidido a blindar el activismo independentista de cualquier tipo de actuación policial. De ahí que el entonces presidente cesara a Miquel Buch, a quien responsabilizó de las cargas de los Mossos contra la violencia de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Torra también reprochó a Buch que no ejecutara su orden de depurar a los mandos que estaban al frente de esos operativos.

Protesta de los CDR en la plaza Sant Jaume de Barcelona por el tercer aniversario del 1-O / EUROPA PRESS

Habría que esperar a un nuevo mandato para que ERC, actualmente al frente de la Consejería de Interior, y la CUP pactaran la revisión del modelo policial catalán y la ejecución de la “mayor auditoría hecha en los Mossos”, como los antisistema han calificado la comisión parlamentaria que presiden y se encarga de esos trabajos. La purga que Torra no pudo llevar a cabo tuvo lugar a principios de enero y afectó a la unidad de investigación que instruía los casos de Laura Borràs, Miquel Buch y CDC. Ese golpe de timón de Esquerra todavía protagoniza los reproches políticos de la oposición.

La corta trayectoria de Sàmper

Sàmper fue consejero de Interior entre el 3 de septiembre de 2020 y el 26 de mayo de 2021. En estos dos años no consta la apertura de expedientes por este tipo de activismo radical, según denunciaron ayer PSC-Units. Durante tres jornadas, diputados de este grupo analizaron 2.775 actas levantadas por la policía catalana en manifestaciones y reuniones públicas. Ninguna de ellas acabó en expediente. Entre ellas hay 150 que corresponden a los cortes de tráfico independentistas en la avenida Meridiana de Barcelona.

Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, con altos mandos de los Mossos d'Esquadra / EP

Sàmper, exconcejal de Terrassa, estaba llamado a ser un conseller breve. Torra había ganado el pulso a Carles Puigdemont, quien en la remodelación del Govern quería a Jaume Alonso-Cuevillas al frente de Interior. Pero consciente de que sus días como presidente se agotaban, pues la firmeza de su inhabilitación judicial era inminente, Torra quiso demostrar que no era un presidente vicario de Puigdemont e impuso a Sàmper, quien chocó con enemigos inesperados: la vieja guardia convergente, que todavía aspiraba a controlar el departamento y maniobró para que no tomara decisiones de forma unilateral. Su amistad con Germà Gordó, exconsejero de Justicia, le llevó a implicarse en la candidatura alternativa a Marta Pascal en el PDECat, e incluso en la creación de un nuevo partido.

En esa incómoda posición tuvo que gestionar Sàmper un departamento tan sensible como Interior: acatando las órdenes de Torra de no incordiar a los CDR, mientras la old CDC conspiraba en su contra y el entorno de Puigdemont le daba la espalda.

Elena llegó a la Consejería de Interior en mayo de 2021, año en el que tampoco han aparecido expedientes sobre esas movilizaciones. De ahí que el PSC-Units haya pedido su comparecencia en el Parlament. Si ésta no convence, este grupo no descarta presentar la documentación recabada en Fiscalía.