Despliegue en el Parlamento Europeo para tutelar a los niños que reclaman la escuela en castellano

La comparecencia de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ante el Parlamento Europeo ha dado lugar a un alud de iniciativas para indagar en la situación de los menores catalanes cuyos padres reclaman la escolarización también en castellano. La Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que haga un seguimiento de la cuestión, ha informado de la misma al Grupo de Supervisión de Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, y también a su Coordinadora de Derechos del Niño. 

Asimismo, la PETI ha instado a la Generalitat y el Gobierno a que informen sobre las medidas se han tomado para garantizar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), favorable a flexibilizar la inmersión lingüística. Por su parte, Ciudadanos ha activado el proceso para pedir que una misión de europarlamentarios se desplace a Cataluña para investigar la “discriminación del español” en la escuela.

El pasado 7 de febrero, la PETI acordó cursar las peticiones de Losada, que se remontan a 2017. En aquella ocasión, la Comisión Europea consideró que no tenía autoridad para investigar si la política cuestionada es compatible con las disposiciones de la Constitución española y que, por tanto, no podía intervenir en el asunto. “El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística”, alegó.

Se trata de una posición, la de no interferir en los asuntos internos de los Estados, frecuente de las instituciones europeas que se ha utilizado en otros casos, como el de los asesinatos de ETA sin resolver o el de los bebés robados.

Ello no significa que la Comisión de Peticiones tenga que acatar esa postura y ha decidido seguir adelante con la petición de Losada, quien explicó ante la Eurocámara la situación generada por la sentencia del TSJC de 16/12/2020, que obliga a todos los centros educativos catalanes a impartir un mínimo del 25% de horas en castellano.

Defensa del bilingüismo

AEB pide que la escolarización de los niños en Cataluña sea en las dos lenguas oficiales, a partes iguales, es decir, en catalán y en español. Pide que “los centros públicos o concertados (sustentados con fondos públicos) ofrezcan la enseñanza en ambas lenguas en lugar de insistir en la plena inmersión lingüística obligatoria en catalán”. Alega que dicho sistema “es discriminatorio para los niños cuyos padres tienen que desplazarse temporalmente a Cataluña debido a su trabajo”.

Según la peticionaria, estos niños, “debido a su incorporación relativamente tardía al sistema educativo catalán, no pueden seguir las asignaturas troncales, que son impartidas exclusivamente en catalán, y son asimilados a niños con necesidades educativas específicas, es decir, niños con discapacidad física o intelectual, con trastornos graves de conducta o provenientes de situaciones socioeconómicas desfavorecidas”. Para Losada, esta discriminación constituye “una limitación de la libertad de circulación y residencia en un Estado miembro de la Unión” y se opone a que en el plan de estudios la enseñanza en catalán represente el 80% frente a tan solo el 20% en español, lo cual considera una discriminación mayúscula por tratarse de dos lenguas cooficiales. En su opinión, “ello restringe efectivamente la libre circulación de las familias y el acceso al empleo”.

Petición de información

Con el apoyo mayoritario de los grupos Popular y Renew Europe (liberales) y la oposición de los grupos socialista, verdes y nacionalistas (Bildu, Junts per Catalunya, ERC, corsos…), la PETI --presidida por la popular Dolors Montserrat-- informa a Losada en un escrito de que ha solicitado a la Comisión Europea que facilite “información adicional y actualizada y que haga un seguimiento de la situación”. La Comisión también ha remitido la petición de AEB “al Grupo de Supervisión de Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, así como a la Coordinadora de Derechos del Niño del Parlamento Europeo”.

La PETI solicitó, asimismo, “a las autoridades nacionales y regionales pertinentes, a saber, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España, qué medidas se han tomado para garantizar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que asegura la obligación de enseñar al menos el 25% de las clases en una de las lenguas cooficiales (castellano)”.

Cuando la Comisión de Peticiones haya recibido la información requerida, “proseguiremos el examen de su petición y, naturalmente, la mantendremos debidamente informada acerca del curso que se dé a la misma".

En paralelo, el grupo liberal del Parlamento Europeo, a instancias de los eurodiputados de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y Jordi Cañas, ha activado los trámites para el envío de una misión de investigación a Cataluña para analizar los casos denunciados de discriminación de alumnos que han solicitado cursar sus estudios también en español y no solo en catalán. Una vez al mes se reúnen los coordinadores que cada grupo tiene en la PETI para tratar diversas solicitudes y decidir cuáles se aceptan. Cuando no hay consenso, se someten a votación. La próxima reunión está prevista para el 15 de marzo, aunque todavía no se ha determinado el orden del día, por lo que se desconoce si las reclamaciones de AEB se incluirán en esa fecha o más adelante. “Por el momento se ha enviado la solicitud de misión y estamos a la espera de que nos informen sobre los siguientes pasos”, explican fuentes de Cs.