Varios sindicatos representativos de la Policía Nacional han cuestionado este martes la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "ceder" a los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral el liderazgo en la primera respuesta operativa en caso de registrarse un atentado terrorista en Cataluña, País Vasco o Navarra, respectibamente.

Jupol, SUP y CEP recelan de que se "derive" las competencias en lucha antiterrorista a las policías autonómicas, en alusión a la actualización del Plan Antiterrorista que Interior dio a conocer ayer lunes a todos los grupos parlamentarios excepto Vox, ERC y EH Bildu, que declinaron asistir al Ministerio.

Amenaza global

Las organizaciones sindicales recuerdan la alta movilidad de una amenaza terrorista que es global, siendo Policía Nacional y Guardia Civil los cuerpos policiales que mantienen contactos fluidos con sus homólogos de otros países.

El documento hace hincapié en la respuesta coordinada en caso de atentado terrorista ya que, según señaló Grande-Marlaska, lo que se pretende es evitar "disfunciones". De ahí que se establezca la activación de un Centro de Gestión de Crisis Territorial, en paralelo a la Mesa de Coordinación estatal presidida por la Secretaría de Estado de Seguridad y con asistencia de todos los cuerpos policiales o de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

En Interior evitaron concretar si se pretendía mejorar la respuesta atendiendo a atentados como el ocurrido en 2017 en Cataluña, remitiéndose a lo recogido por la sentencia judicial. En este sentido, subrayaron que es la autoridad judicial de la Audiencia Nacional la que tiene potestad en última instancia para determinar qué cuerpo policial investiga los delitos de terrorismo.

"Nueva cesión de competencias"

"Supone una nueva cesión de competencias a los cuerpos autonómicos", apuntan en declaraciones a Europa Press desde Jupol. El sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional alega que Policía Nacional y Guardia Civil son las "fuerzas especializadas contra el terrorismo", tanto el de ETA en el pasado como ahora el de corte yihadista.

Jupol aboga por "mantener una colaboración" con las policías autonómicas, asegurando que "no existe un problema real" en esta materia porque el "objetivo común es evitar atentados terroristas en España". Además, recuerdan a Interior que, si lleva a cabo una "equiparación de funciones", a su modo de ver el Ministerio no puede olvidar realizar una "equiparación salarial real".

"Decisión política"

Desde el SUP, su portavoz Carlos Morales también recela del Plan Antiterrorista al entender que va en la dirección de "despojar de parte de sus competencias históricas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y lo ven "una decisión más política que operativa".

"No es lo más acertado, sin menosprecio alguno hacia otros cuerpos policiales, que sean policías autonómicas con limitaciones operativas y territoriales las que lideren investigaciones que afectan a la seguridad de todo el Estado y todos los españoles", añade el SUP.

Otra razón para que sean la Policía y la Guardia Civil quienes se ocupen de liderar las investigaciones antiterroristas se halla en la alta movilidad de la amenaza terrorista, así como que son los cuerpos policiales que mantienen la coordinación con sus homólogos del resto del mundo para combatir una amenaza global.

"Injerencia normativa" por parte de Interior

El CEP es otro sindicato que destaca el componente internacional de la amenaza y que ha denunciado un "paso atrás" por parte de Interior. "Esta nueva cesión competencial se enfrenta, entre otras, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal", sostiene en un comunicado en el que defiende que un atentado requiere de unidades especializadas de Policía Judicial y de Información, bajo las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional.

Por este motivo, el CEP ve una "injerencia normativa" por parte del equipo en Interior de Grande-Marlaska, que este lunes explicó en rueda de prensa la actualización del Plan Antiterrorista, aprobado en 2005 y que no se revisaba desde 2015. Desde este último año se mantiene el Nivel 4 de Alerta en una escala de 5.

Reforzar las plantillas

"Se han sobrepasado claramente las funciones de coordinación en el ámbito de la seguridad pública y se cederá otro espacio competencial más que es crítico y que no tiene que ver con la seguridad ciudadana", entendiéndose --según el CEP-- como la prevención de la delincuencia común o el mantenimiento del orden público.

Los sindicatos reclaman que Interior refuerce las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, País Vasco y Navarra "sin cesiones innecesarias que, una vez que se producen, condicionarán durante décadas el papel del Estado en esas comunidades autónomas".