El Gobierno español ha llegado a un preacuerdo para ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat de Cataluña en la segunda reunión bilateral sectorial entre ambos Ejecutivos, en la cual se transfieren competencias a la autonomía cada semestre.
La consellera de Presidencia Laura Vilagrà (ERC), ha explicado que el pacto sobre el Ingreso Mínimo Vital es un compromiso político para que el Govern acabe asumiendo la gestión de esta prestación, y que ahora los grupos técnicos irán concretando cómo avanzar para materializar la transferencia definitiva, aunque no ha detallado si será una gestión completa o compartida entre ambos Ejecutivos.
Vilagrà ha destacado la importancia de que la Generalitat pueda asumir la gestión del IMV para hacerlo compatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, ya que la duplicidad de estas dos prestaciones --nacional la primera, autonómica la segunda-- genera según ella "dificultades" en su gestión y "un obstáculo para sus beneficiarios".
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha matizado no obstante que existe un compromiso político sobre este tema, pero ha evitado concretar cómo y en qué fecha se hará.
Infraestructuras y ponencias
En la cumbre también se ha acordado abrir ponencias técnicas para formalizar la gestión de becas a estudiantes, una de las reivindicaciones históricas de la Generalitat, y que el Ejecutivo catalán calcula que debería conllevar una transferencia de 120 millones de euros anuales por parte del Gobierno central. Así como también la de los seguros escolares, revisar las competencias en la gestión de los juzgados y la cesión de la titularidad de diversas infraestructuras.
Una de ellas es la de la autovía B-23, donde está previsto que se haga un carril bus de acceso a Barcelona; y otras guardan relación con la gestión del agua, como los 30 kilómetros del canal Xerta-Sènia, siete depuradoras, el observatorio meteorológico del Turó de l'Home, el edificio del Registro Civil de Barcelona y varias fincas rústicas, por ejemplo.
Vilagrà ha explicado que también se traspasarán a la Generalitat diversos edificios, fincas y "equipamientos históricos". Sin embargo, ha pedido al Gobierno "mejorar" y acelerar las cesiones de más competencias y de servicios y edificios que el Govern considera pendientes.
Quejas de Puigneró
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha desdeñado los acuerdos alcanzados este viernes, calificándolos de "escasos, de poca entidad y muy lentos", y ha exigido de nuevo el traspaso de la red de Rodalies de Renfe y del aeropuerto barcelonés de El Prat, entre otros.
"Si ya teníamos déficit de financiación de inversiones, también lo tenemos de traspasos", se ha quejado el dirigente de JxCat, que lamenta "el riesgo de que estas bilaterales se queden sólo en fotos".
La ministra recuerda los 400 millones para Rodalies
"Tengo la sensación de que estos traspasos viajan en Rodalies de Renfe, con lentitud y retraso", ha espetado.
Sobre esta infraestructura, no obstante, la ministra Rodríguez le ha recordado que el Gobierno tiene previsto invertir 400 millones de euros en Rodalies.
La ministra Portavoz y de Política Territorial del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa / David Zorrakino - EUROPA PRESS
Más peticiones
Puigneró, por otra parte, ha lamentado que todavía no haya un acuerdo para la transferencia de la autovía B-30, "más allá de la voluntad de cambio de la titularidad".
Otra de las demandas del Ejecutivo catalán es la transferencia de los recursos de la disposición adicional tercera del Estatut relativos al periodo entre 2009 y 2013, que el Govern defiende que siempre lo plantea porque tienen "la vocación de financiación singular" establecida en el Estatut.
El Govern, asimismo, ha planteado que la Generalitat pueda hacer la convocatoria y la selección de interventores y secretarios de los municipios, pues cree que después de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administación Local ya no poseen esta competencia y que eso perjudica a los entes locales.
También han propuesto hacer un convenio para que el Boletín Oficial del Estado (BOE) se traduzca al catalán financiado por los dos gobiernos al 50%, regular la red de energéticas cerradas que afecta a la industria química y petroquímica instaladas en polígonos industriales, y han reivindicado la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
La ministra espera que Aragonès vaya a la cumbre de presidentes
La ministra Rodríguez, por su parte, ha calificado de "históricos" los acuerdos alcanzados con la Generalitat, reivindicando que "son hechos constatables" después de diez años sin avanzar, según ella, en el Estatut catalán.
Rodríguez también ha dicho que "aún" confía en que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asista a la Conferencia de Presidentes que se celebrará dentro de una semana en la isla de La Palma. La última vez, hace medio año, les dio plantón.