El nuevo 22@ tensiona las relaciones entre BComú y PSC

El nuevo plan para el distrito 22@ presentado por el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto otro cisma en el bipartito de socialistas y comunes que gobierna la ciudad. El ordenamiento urbanístico ha desencadenado una pugna entre los tenientes de alcalde Jaume Collboni, representante de los primeros, y Janet Sanz, de los segundos, hasta el punto de que el equipo de Collboni recibió la documentación del proyecto --un pliego de 3.000 páginas-- el pasado viernes, a solo cinco días de la presentación oficial y prácticamente a la vez que los grupos municipales de la oposición.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambas fuerzas señalan que el PSC ha quedado orillado en la nueva planificación urbana del distrito tecnológico bajo el pretexto de que no tiene competencias en materia de vivienda. De hecho, Sanz y Collboni llegaron a contraprogramarse con ruedas de prensa separadas: los responsables de ambas áreas del consistorio querían ser los primeros en anunciar el proyecto, aunque finalmente firmaron una tregua y unificaron sus comparecencias. Estas discrepancias ya retrasaron la aprobación del plan, prevista inicialmente para el último pleno de 2021, el del 23 de diciembre, y han estado siempre presentes en una complicada relación entre socios de gobiernos, aunque los recelos y la desconfianza se han incrementado ante el acercamiento de los comicios municipales de 2023.

Prioridades divergentes

Fuentes del equipo municipal socialista hablan de un “estira y afloja” entre las formaciones que configuran la coalición, pero subrayan que finalmente se ha podido alcanzar un acuerdo. Aunque aseguran que “no ha habido conflicto”, sí admiten que estas tensiones se dan en “cualquier negociación entre Barcelona en Comú y el PSC”, ya que “son dos fuerzas de izquierdas, pero no 100% coincidentes”.

En este caso, el principal escollo ha sido el espacio destinado a oficinas y a vivienda. Desde el sector socialista del equipo de gobierno, se prioriza la reserva de suelo para actividades económicas, mientras que los comunes han intentado aumentar el peso del parque inmobiliario residencial y en particular de pisos asequibles.

¿Vivienda u oficinas?

Si bien el PSC se ha mostrado favorable a construir más vivienda, se ha negado a recortar el suelo destinado a oficinas. Es por ello que finalmente se ha alcanzado el compromiso de elevar la proporción de suelo residencial en el nuevo 22@ del 10% contemplado inicialmente --frente a un 90% de suelo económico-- a un 30%.

A la vez, se mantiene invariable el espacio destinado a actividades económicas con un millón de metros cuadrados en total. Es decir, el aumento de suelo para vivienda no procede de una reducción de las oficinas proyectadas, sino que “se han buscado formas alternativas”, como hacer edificios mixtos de equipamientos y viviendas o de oficinas y viviendas, estudiar las densidades de las parcelas de vivienda dotacional o alzar remontas en edificios.

Planes inviables

Esta última vía será difícil de ejecutar por su enorme complejidad técnica y los propios socialistas admiten que “está por ver que se pueda hacer”, aunque “ha permitido aumentar el parque de vivienda” para contentar a los comunes sin renunciar al espacio reservado para oficinas. Las fuentes consultadas del sector de la construcción y del tejido empresarial de la zona coinciden en que “la vía de las remontas encarece mucho” los proyectos constructivos y que “parece imposible” edificar vivienda sobre naves industriales protegidas como prevé el plan.

Los mismos interlocutores destacan que construir remontas sobre edificios de viviendas ya es complejo, y que hacerlo sobre este tipo de naves compatibilizando los proyectos residenciales libres y protegidos --públicos y privados-- es prácticamente inviable. Todo ello implica que el objetivo de 7.000 nuevas viviendas podría quedar reducido significativamente una vez se empiece a ejecutar el plan y se inicie la construcción.