La JEC da un repaso democrático a los independentistas de Borràs

Admite Laura Borràs (JxCat) que acatar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) supone perder una batalla en su guerra contra el “Estado opresor”. Se refiere a la retirada del escaño del diputado Pau Juvillà, que se ha traducido en un cruce de reproches a tres bandas entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP. La presidenta del Parlament no quiere reconocer que, mientras amagaba con la desobediencia y encargaba dictámenes sobre la situación de Juvillà, inhabilitado por un delito de desobediencia, la Cámara ya había activado el mecanismo correspondiente para retirarle sus atribuciones como parlamentario.

Borràs hizo incluso una comparecencia solemne en la que arremetía contra la JEC por exigir la retirada del acta de diputado al cupaire. Finalmente obedeció, visualizando así las consecuencias de carecer de una ley electoral propia --Cataluña es la única comunidad autónoma de España que no tiene una normativa propia, por lo que regula sus procesos electorales con la ley española--.

Sistema de elección de la JEC

La única ocasión que esta comunidad se dotó de un gestor electoral propio fue en octubre de 2017, cuando se aprobaron las leyes de ruptura que darían lugar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La ley del referéndum creó la figura de la Sindicatura electoral, cuyo sistema de elección “estaba mucho más politizado que la JEC. Sus miembros debían ser elegidos por la mayoría parlamentaria --en aquel momento, independentista--. Estos, a su vez, elegían a los miembros de las sindicaturas de demarcación. Sus resoluciones no podían ser recurridas”, explica el abogado Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana.

Por el contrario, explica el jurista, “los miembros de la JEC se eligen mediante dos sistemas. Ocho vocales son magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo (insaculación) y otros cinco vocales son catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, a propuesta conjunta de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones con representación en el Congreso”. Este sistema también se aplica a las juntas provinciales y de zona. Sus resoluciones pueden ser recurridas ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

“Se les llena la boca hablando de democracia, pero ellos son los menos democráticos cuando les toca hacer”, afirma Huguet.

Quim Torra, Francesc de Dalmases, Laura Borràs y Josep Costa, miembros de la 'war room', hablando de las primarias de JxCat

Los miembros de esta Sindicatura que contemplaba la ley del referéndum dimitieron en cuanto el Tribunal Constitucional les amenazó con sanciones. Todos ellos fueron recolocados: Jordi Matas es vicerrector de la UB --cargo precedido de una fuerte polémica sobre su reprobación por abusos--; Tània Verge, consejera de Feminismos de la Generalitat; Marta Marsal es miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Josep Pagés es diputado de Junts per Catalunya en el Congreso y Marta Alsina, defensora del Ciudadano en el Ayuntamiento de Girona.

Josep Costa, compañero de Borràs en la llamada war room --junto a Quim Torra y Francesc de Dalmases--, y que ha criticado duramente a los letrados del Parlament por no ser más activistas en el caso Juvillà, fue elegido suplente de aquella Sindicatura electora. Costa, que fue vicepresidente primero de la Cámara catalana, ha vuelto a su cargo de abogado en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y mantiene un intenso agitprop secesionista en las redes sociales.