La juez halla indicios de fraude en Bombers

La juez que instruye el procedimiento judicial por los polémicos contratos de mantenimiento de los camiones de Bombers de la Generalitat de Cataluña ha detectado indicios de fraude en las adjudicaciones. Las pesquisas iniciales, sin embargo, descartan el pago de mordidas a la cúpula del cuerpo de emergencias a cambio de las licitaciones, las sospechas que propiciaron la investigación.  

Lo ha avanzado El Periódico, que precisa que la magistrada ha aflorado una "dinámica falsaria" en las asignaciones de encargos públicos del cuerpo de emergencias a la empresa Iturri, beneficiada por los contratos de mantenimiento en la última década. No obstante, la togada no ha hallado elementos que permitan sospechar que los funcionarios investigados cobraran compensaciones o que se abonaran comisiones para facilitar estos contratos públicos. 

Interior estudia detener el contrato

En paralelo al proceso judicial, la Consejería catalana de Interior toma medidas para atajar la polémica. Por lo pronto, el departamento encabezado por Joan Ignasi Elena (ERC) ha anunciado que estudia si puede detener el contrato en vigor con Iturri. 

El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena / EUROPA PRESS

Ello discurre mientras el equipo del republicano ha decidido apartar de forma preventiva a los funcionarios y altos cargos salpicados por el escándalo. Cabe recordar que Manel Pardo, director general de prevención y extinción de incendios hasta el pasado junio, y Joan Delort, quien le relevó en el cargo, han sido imputados por presunta corrupción junto a otros miembros del equipo directivo del cuerpo y el responsable de la empresa adjudicataria en Cataluña, José Diaz.

Contratos de mantenimiento

Cabe recordar que el escándalo en Bombers se centra en la renovación anómala de los contratos públicos de mantenimiento de los camiones antiincendios desde hace una década. Ello fue posible por el presunto falseamiento de las facturas del contratista. 

El caso ha provocado la citación como investigados de ex altos cargos del cuerpo y de funcionarios de la institución. Los sindicatos, como UGT, han atribuido la mala praxi a la "politización" que se vive en el cuerpo de seguridad.