El Govern vuelve a proteger solo a los catalanoparlantes en los colegios. Lo ha anunciado la portavoz, Patrícia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu, donde se "se ha aprobado un acuerdo sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social", ha explicado. En concreto, ha precisado que se trata de proteger a quienes sufran ataques por la defensa del catalán. No ha dicho nada, en cambio, del acoso independentista que reciben los castellanohablantes que reclaman una educación bilingüe, como la familia de Canet.
Acto seguido, Plaja ha desarrollado esa medida, que el Govern implementará desde "todas las vías institucionales, políticas y jurídicas" con tal de "proteger" a los profesores y a aquellas personas que "sufran ataques ilegítimos por defender el uso del catalán". Desde el Ejecutivo pondrán servicios de asesoramiento y defensa jurídica a esas personas, pero no menciona a quienes defienden el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a un mínimo del 25% de las clases en castellano.
Entidades en defensa del castellano
De hecho, ha cargado contra las entidades que trabajan para que se cumpla la resolución del TSJC: "Se seguirá exigiendo responsabilidades a todas aquellas personas o entidades que ataquen a colectivos o personas individuales por el simple hecho de defender el uso del catalán", ha dicho Plaja.
"Les vamos a defender de aquellos que quieren interferir en el modelo de la escuela pública catalana; un modelo creado con base en el consenso político y social, y que no puede estar en juego por las amenazas", añade.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja / EUROPA PRESS
Victimismo
Define la escuela catalana como "un modelo de éxito" que "cuenta con el aval de expertos y de Europa". Considera que los alumnos finalizan la etapa escolar con las dos lenguas adquiridas a nivel oral y escrito.
También ha vuelto a tirar de victimismo. Cree que "la lengua catalana aún está lejos de estar plenamente normalizada". Por ejemplo, en el ámbito judicial: "Solo el 7% de las sentencias son en catalán", ha criticado y, para ello, ha defendido promover "actuaciones para que se use más".