Pese al triple mandato judicial que obliga al Govern a restaurar el vertedero de Vacamorta, la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural no ha puesto fecha a las obras de recuperación ni tampoco se ha comprometido a cumplir íntegramente las tareas de reparación. Los afectados se muestran confiados en que el cambio del Departamento responsable --anteriormente el asunto estaba en manos de Territorio, área de gobierno dirigida por Damià Calvet-- permita iniciar el procedimiento que llevan años esperando.

Pero la asunción del expediente por parte de la consejera Teresa Jordà no ha acelerado los trámites. Pese al buen tono del diálogo mantenido con los vecinos, agrupados en la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC), la Consejería traslada a Crónica Global que no hay calendario todavía de la extracción, aun cuando ya se ha aprobado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una cantidad de 20.000 toneladas continuadas de vaciado hasta aprobar el proyecto definitivo de restauración.

Restauración incompleta

Además, una respuesta parlamentaria de la Consejería genera más dudas. En el escrito, se deja en el aire que la restauración del basurero devuelva a la zona el estado que tenía en el año 2000. Ello pese a que una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 22 de junio de 2017 deja claro que esa fecha es la adecuada para recobrar el aspecto natural del paraje.

El texto de la providencia es inequívoca: "No puede desconocerse el mandato de ejecución del pronunciamiento que anuló la licencia municipal de actividad del año 2000, de modo que en forma alguna puede pretenderse, como se hace, que en ningún caso cabrá ir más allá de la devolución del paraje a su estado al otorgamiento de la autorización ambiental del 2003". La interlocutoria se refiere a dos sentencias previas del TSJC y del Tribunal Supremo.

Moratoria incompleta

Pese a ello, el Departamento ha asegurado a este medio que solo "hay la voluntad de estudiar el depósito en su conjunto en cuanto a restitución y, por tanto, entrar a estudiar el vaciado desde el inicio de la actividad en el 2000". La interpretación jurídica, según Acción Climática, es que la obligación de vaciado se genera a partir de 2003, contrariamente a lo que resuelto por el TSJC. Pese a esta interpretación de la Consejería, la PAAC asegura que el cambio de liderazgo en la restauración ha supuesto un compromiso para ejecutar las obras de retirada que reparen la zona húmeda.

Desde que el Supremo resolvió en noviembre de 2014 al cierre definitivo del basurero, operado por Gustavo Buesa y Josep Mayola --exsocios de Jordi Pujol Ferrusola--, la Generalitat ha eludido sus deberes. Este último posicionamiento de Acción Climática coincide, además, con la exclusión de los vertederos de la moratoria de incineradoras en Cataluña, como ha denunciado el colectivo CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius). Aparte de Vacamorta, en la comunidad hay otras dos escombreras (Can Carreres y Solius) pendientes de la ejecución de sendas sentencias para finiquitar la acumulación de residuos.