El Govern ha aprobado el acuerdo para modificar y prorrogar durante 2022 el Convenio entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña (CICAC), en el que se bonifica con 20 euros adicionales a aquellos letrados que utilicen el catalán en sus escritos. Hasta ahora, la Generalitat pagaba 14 euros a los abogados que participaban en ese programa de fomento de la lengua catalana en un sector, el de la Justicia, donde todavía es minoritario.
Este importe, que se incrementa un 43%, se bonificará por cada actuación escrita en lengua catalana, como una demanda, un recurso o una contestación a la demanda de los profesionales del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita. Como requisito, los abogados que se inscriben "deben velar por que los ciudadanos tengan garantizado el derecho a ser atendidos en catalán durante todo el proceso judicial, deben presentar todos los escritos en catalán cuando el cliente lo solicite y deben pedir en el juzgado que la documentación se notifique en catalán", ha informado el Govern tras la reunión del Consell Executiu.
Incentivar una lengua
El objetivo del incremento retributivo "es incentivar el uso de la lengua catalana entre los profesionales del derecho, promover una mejora de los resultados y hacer efectivo el derecho de opción lingüística de los ciudadanos que elijan relacionarse en este idioma con la Administración de justicia".
Lourdes Ciuró, consejera de Justicia / EP
La prorroga y modificación propuestas comportará la transferencia por parte del Departamento de Justicia de la cuantía máxima de 233.200 euros en el CICAC. En atención a los gastos que genera la puesta en marcha y la ejecución del programa, los colegios profesionales percibirán un complemento por actuación realizada por los profesionales de 1,2 euros por actuación.
Bajo uso del catalán en la justicia
El número de total de sentencias redactadas en catalán en 2020 en todos los juzgados de Cataluña fue de 14.455, cifra que representa el 7,44% del total de sentencias realizadas durante este período. Esa cifra supuso un descenso del 1% en el global de todo el territorio respecto al año anterior. Por demarcaciones, este descenso se produce especialmente en Barcelona, en Barcelona comarcas y en Tarragona, mientras que en Girona y en Terres de l'Ebre el uso ha aumentado ligeramente, ya que ha pasado del 15,51 % en 2019 al 17,04 % (Girona) y del 3,69 % en 2019 al 4,44 % en 2020 (Terres de l'Ebre).
En cuanto a los documentos generados en catalán por los diferentes operadores jurídicos a través del sistema e-justícia.cat, sólo el 9,47% es en catalán. Por demarcaciones, destaca Girona, con el 35,05%; a continuación, Lleida, con el 17,63%; después, las demarcaciones de Barcelona comarcas, Terres de l'Ebre y Tarragona, con el 7,89%, el 6,50% y el 6,40%, de forma respectiva. Por último, la demarcación de Barcelona ciudad, con el 4,31 %, es donde existe un uso más escaso del catalán. La práctica totalidad de juzgados de los ámbitos civil, contencioso-administrativo, social, mercantil y secciones civiles de las audiencias trabajan con el sistema informático de tramitación procesal e-justícia.cat.
El programa se enmarca en una serie de actuaciones que el Departamento de Justicia, ha emprendido en los últimos años dirigidas a incrementar el uso del catalán en la Administración de justicia, con el objetivo de "revertir la grave y preocupante situación por lo que se refiere a la presencia de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, y hacer efectivo el derecho de opción lingüística de los ciudadanos que elijan relacionarse en este idioma".