La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), por presunta desobediencia con los preparativos del referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1 de octubre de 2017, en su etapa como directora de servicios de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda.
En un escrito consultado por Europa Press, el fiscal pide al tribunal admitir la causa contra Garriga, que antes de ser aforada estaba investigada en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Josep Maria Jové, al mando
También reclama al tribunal que fije un instructor para investigarla, que incorpore a la nueva causa la documentación que ya se había recabado hasta ahora y que cite a Garriga para interrogarla.
El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para que el TSJC investigue a Garriga y recuerda que estaba "bajo la inmediata dirección" del exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, procesado por la organización del referéndum ilegal secesionista.
'Call center'
Le atribuye la adjudicación de contratos para acondicionar un call center en un edificio anexo al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y de supuestamente enviar varios mails avisando de que el centro "estaría operativo en la fecha del referéndum ilegal como centro de recogida de datos".
La Fiscalía también cree que Garriga hizo de "enlace" entre Jové y la persona que presuntamente cedió unas naves industriales en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar material electoral del 1-O.
Malversación descartada
Al principio, Garriga estaba procesada por malversación pero la investigación lo descartó, y aunque no se la había investigado por desobediencia el fiscal pide hacerlo ahora porque cree que tenía la "clara voluntad" de usar su cargo para desobedecer al TC facilitando los medios necesarios para celebrar el 1-O.
En el escrito, el fiscal recuerda que Garriga "ejercía relevantes funciones de dirección, gestión y supervisión" en el departamento y señala que eso le obligaba aún más a cumplir la ley.
Asegura que hizo esa "relevante función de intermediación a pesar de tener perfecto y cabal conocimiento de que el TC había dictado numerosas resoluciones" que declaraban inconstitucional el 1-O.