La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la causa por presunta desobediencia contra los miembros de la Mesa del Parlament ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Josep Costa, expresidente primero de la Cámara, contra su procesamiento. El auto desestima los argumentos de la defensa y niega que pueda acogerse a su derecho de inviolabilidad parlamentaria.

El documento emitido este martes recoge que “la acusación de falta de imparcialidad de la instructora no se sustenta, como ya se puso de manifiesto en un auto anterior emitido el 23 de noviembre de 2021”, por lo que el tribunal entiende que no cabe resolver este trámite.

Descarta que se vulnere su libertad de expresión

Así mismo la magistrada considera que “el delito que se imputa a los investigados en la causa no guarda relación directa con la libertad de expresión, de pensamiento o ideas”. En la misma línea, recuerda que los representantes políticos pueden manifestar su libre opinión sobre la independencia de Cataluña, la forma de Estado o las actuaciones del Jefe de Estado “sin cortapisas”, como así lo han hecho en múltiples ocasiones, “tanto dentro como fuera del Parlamento”.

No obstante, recuerda que la causa está abierta por un delito de desobediencia grave a la autoridad “por la reiteración en la tramitación de iniciativas parlamentarias previamente declaradas inconstitucionales por el órgano competente (el Tribunal Supremo) cuando, además, se contaba con requerimientos expresos de abstención de tales conductas”.

Investigados por desobediencia grave

El 10 de noviembre la jueza procesó por un presunto delito de desobediencia a Josep Costa, a Roger Torrent, el entonces presidente de la Cámara; a la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgagado, y al exsecretario primero Eusebi Campdepadrós.

La causa se inició a raíz de una querella de la Fiscalía por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por tramitar una propuesta de resolución contra la sentencia del 1-O y a favor de la autodeterminación de Cataluña, además de otra tramitada el mismo día que “reiteraba la reprobación” al Rey.

Podrán ser inhabilitados

Terminada la investigación, la jueza mantiene que existen indicios razonables y suficientes contra los investigados como para enjuiciarlos como presuntos autores de uno o varios delitos de desobediencia grave, un delito castigado con una multa y con la inhabilitación para ocupar un cargo público durante dos años.