Los diputados de Ciudadanos (Cs) en el Parlament han escrito una carta al Consejo de Europa en la que denuncian la exclusión del castellano, "lengua materna de un 55% de catalanes", así como el acoso sufrido por una familia de Canet de Mar (Barcelona) que pide la aplicación de las sentencias que obligan a impartir un 25% de horas lectivas en español.

La carta, firmada por los diputados Carlos Carrizosa, Anna Grau, Marina Bravo, Joan García, Matías Alonso e Ignacio Martín Blanco, está dirigida a la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y al conjunto de la opinión pública europea.

Nacionalismo

"Como diputados del Parlamento autonómico de Cataluña, los abajo firmantes hemos llegado a la conclusión de que resulta imprescindible dar a conocer al resto de España y Europa y al conjunto de la comunidad internacional la situación de desamparo que sufrimos los ciudadanos de Cataluña frente a la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales por el nacionalismo gobernante en nuestra Comunidad Autónoma desde 1980".

"Cataluña --añaden los diputados-- es la única región del mundo democrático occidental en la que la mayoría de los ciudadanos no tiene la posibilidad de escolarizar a sus hijos en su lengua materna, que de acuerdo con los datos del propio Gobierno regional es el español. El 55% de los catalanes tiene el español como lengua materna, pero el sistema educativo impuesto en Cataluña por los partidos nacionalistas, prevaliéndose de sus sucesivas mayorías parlamentarias, establece un modelo monolingüe en el que el catalán es la única lengua de enseñanza en todas las etapas educativas de la escolaridad".

"Exclusión de la lengua materna"

Este sistema "de exclusión de la lengua materna de la mayoría de la población no tiene parangón en ningún Estado democrático de Derecho por cuanto constituye una violación flagrante del derecho consagrado, entre otros textos legales, por la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989, que articula como un derecho inalienable de la infancia y la adolescencia el derecho a recibir la educación en lengua materna. Recuerdan que la Constitución Española establece en su artículo 3 que "el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Los parlamentario creen "evidente" que "con un sistema educativo que establece como única lengua vehicular el catalán, los ciudadanos de Cataluña padecemos una intolerable discriminación con relación al resto de nuestros conciudadanos del resto de España. A tal respecto, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional español establece desde hace décadas que el español debe ser junto con el catalán lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña en una proporción razonable y equilibrada, previsión que los sucesivos gobiernos autonómicos de Cataluña vienen desobedeciendo sistemáticamente, por desgracia bajo la indolente mirada de los sucesivos gobiernos de España".

"Contumaz violación de derechos"

"Ante la contumaz violación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo español han establecido en los últimos años que al menos el 25% de las horas lectivas en Cataluña deben impartirse en español, pero el Gobierno regional sigue desoyendo las sentencias judiciales y negando el derecho de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña a recibir la educación también en su lengua materna, por no hablar de los ciudadanos de Cataluña que tienen el catalán como lengua materna y que también tienen derecho, de acuerdo con la Constitución Española y el Derecho internacional, a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado".

Tras constatar "la realidad que vivimos en Cataluña con relación a nuestros derechos lingüísticos -que, insistimos, se trata de una vulneración sistemática que no tiene correlato en ningún otro lugar del mundo occidental- los catalanes sufrimos a fortiori el desprecio del resto del entramado institucional regional, y muy especialmente de la institución del Síndic de Greuges, el ombudsman de los ciudadanos de Cataluña. Lejos de defender nuestros derechos fundamentales frente a los atropellos de nuestros gobernantes, el Síndic (Rafael Ribó) adopta sistemáticamente posiciones que blanquean y legitiman esa vulneración de nuestros derechos, lo cual solo refuerza el desamparo que padecemos los ciudadanos de Cataluña".

Hostigamiento

Cs ha acudido a diferentes instituciones de organizaciones internacionales como la Unión Europea o el Consejo de Europa para denunciar "esta situación de discriminación insólita en un Estado democrático de Derecho, porque en las últimas semanas se está produciendo en nuestra región una escalada de señalamiento y acoso a una familia catalana que ha reclamado ante los tribunales su derecho a escolarizar a su hijo también en castellano. Ante el hostigamiento en redes sociales y el desprecio de las instituciones regionales, la familia ha pedido a los tribunales que garanticen la integridad física y moral de su hijo, pero, una vez más, la respuesta del Gobierno regional y por supuesto del Síndic ha sido un llamamiento a los centros educativos a desobedecer a los tribunales y no aplicar la exigencia legal del mínimo del 25% de horas lectivas en español en las aulas catalanas".

Denuncian que, ante "el desprecio del Síndic", la formación naranja se ha dirigido al Defensor del Pueblo de España "para pedirle que exija a las autoridades regionales el acatamiento de las sentencias judiciales que establecen ese mínimo del 25% de horas lectivas en español, pero la respuesta del Defensor del Pueblo ha sido de lo más decepcionante y, en última instancia, coincidente en lo esencial con la del Síndic".

Por todo ello, "los abajo firmantes, diputados del Parlamento regional de Cataluña, solicitamos formalmente el amparo, o cuando menos la atención, de instituciones como el Ombudsman Europeo o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, así como de la opinión pública internacional ante una situación de violación de derechos sistemática, insistimos, insólita en la Europa democrática".