El sindicato de profesores que se desmarca de Som Escola: "Hay aspectos más preocupantes"

El próximo 18 de diciembre, la plana mayor de los sindicatos --UGT, CCOO, USTEC e Intersindical-- respaldarán la marcha pro-inmersión de Som Escola. Pero hay una organización sindical que no secundará la manifestación al considerar que existen otros temas más "preocupantes" en las aulas. Problemas vinculados con la exigencia y calidad educativas que, además, comparten otras comunidades autónomas. 

Se trata de ASPEPC-SPS, una central con importante penetración en la secundaria que en las últimas elecciones sindicales ocupó la cuarta plaza en número de delegados en Cataluña. Crónica Global ha entrevistado a su secretario general, Xavier Massó, para recabar el posicionamiento de la entidad entorno a la reciente interlocutoria del Tribunal Supremo que tumba la inmersión.

--Pregunta: ¿ASPEPC-SPS es firmante del manifiesto Som Escola?

--Respuesta: No, no somos firmantes ni formamos parte.

--¿Participarán en la manifestación del próximo 18 de diciembre?

--No somos convocantes, por tanto no participaremos institucionalmente. Eso no quita que nuestros afiliados o delegados, si lo consideran oportuno, participan a nivel personal.

--¿Qué posición tiene el sindicato sobre la inmersión?

--No nos hemos posicionado nunca, ni a favor ni en contra, porque como sindicato profesional que somos pensamos que no es un tema estrictamente educativo. En cualquier caso, entendemos que aplicada con sentido común, su balance global hasta ahora no ha sido negativo. Sin embargo, consideramos que hay en la enseñanza catalana muchos otros aspectos bastante más preocupantes. Dicho de otro modo, el nivel penoso de buena parte de nuestros estudiantes en catalán o en castellano es equivalente al que presentan en matemáticas o en ciencias, tal y como queda acreditado en las pruebas PISA, sin que destaquen sensiblemente ni por arriba ni por debajo con la media de alumnos del resto de España. No es, por tanto, un problema de lengua o lenguas o, mejor dicho, no lo es en exclusivo de Cataluña.

--Uno de los aspectos que remarca a menudo su sindicato es la progresiva pérdida de exigencia en los centros.

--Hoy en día, en la práctica los centros de secundaria se están convirtiendo en jardines de infancia. La escolarización debe servir para aprender, los centros educativos deben estar enfocados en la transmisión de conocimientos. En estos momentos la reducción del nivel de exigencia se ha convertido en un fenómeno generalizado y las familias más desfavorecidas son las que más lo sufren. Esto pasa en toda España, de ahí la polémica reciente con la LOMLOE que hace que para conseguir el título de la ESO no se contabilice el número de materias suspendidas. Pero en Cataluña hemos sido el laboratorio de pruebas.

--¿Otras demandas?

--Todavía deben revertirse a fondo los recortes. En vez de consolidar el sueldo de los directores de centros, como mínimo antes deberían adoptarse otras medidas que revirtieran los recortes para los profesores, volviendo al punto cero en que nos encontrábamos antes de la crisis. También estamos en contra de los decretos de plantillas, que hemos impugnado, y que abren la puerta a que el director pueda escoger directamente el personal sin observar el mérito ni la experiencia.

--Volviendo a la reciente sentencia del Supremo, ¿qué posicionamiento ha adoptado ASPEPC-SPS?

--Digamos de entrada que no es una sentencia, sino la no admisión a trámite en recurso de casación de la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En cualquier caso: alguien puede pensar de verdad que modificar del 12,5% al 25% influirá para nada en el equilibrio entre ambas lenguas? No como mínimo desde el punto de vista escolar, que es del que, como sindicato de profesores, nos corresponde hablar. Después, en qué porcentaje o en qué se hable en el patio o en su casa no es asunto nuestro...

--¿Se judicializa la escuela?

--Está claro que la judicialización de la educación no es buena y que siempre es mejor arreglar las diferencias de otra manera si las dos partes están dispuestas. Pero si resulta que la educación está judicializada, entonces lo que pasa es que acostumbra a haber sentencias que, te gusten o no te gusten, deben cumplirse. Y el Departamento bien que se ocupa de cumplirlas cuando le son favorables. El problema no es, pues, educativo, sino político y de cumplimiento de una sentencia judicial, que quien la debe hacer cumplir es el Departamento de Educación y no el profesorado, que deberá hacer lo que se le diga.

--Por tanto, ¿cómo se ejecutará este mandato judicial?

--Tal y como interpreto la sentencia del TSJC, es la Administración catalana, por medio de la dirección de cada centro, quien deberá decir a cada profesor en qué lengua ha de impartir sus clases, de acuerdo con sus cálculos para adaptarse a la sentencia. Y si se ajusta a la sentencia, o si la incumple o si no hace nada, es un problema del conseller de Educación, o, eventualmente, del funcionario que no se ajusta a las instrucciones de su superior jerárquico. El resto es filfa.