La Consejería de Educación de la Generalitat no solo incumple, o amaga con desobedecer, las resoluciones judiciales, sino también las del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán que se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la inmersión, pero que en 2016 instó al Govern a elaborar un protocolo para proteger la intimidad de los niños cuyas familias soliciten la educación bilingüe.
El Síndic se vio obligado a intervenir a raíz de los incidentes ocurridos en la escuela Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida), donde la aplicación de una sentencia favorable a impartir un 25% de horario lectivo en castellano fue seguida de movilizaciones ante la puerta del centro en 2015. Los padres que reclamaron esa enseñanza bilingüe cambiaron de escuela a raíz del acoso sufrido.
Fue entonces cuando el Síndic requirió del departamento de Enseñanza a que procediera a aprobar un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias soliciten la educación bilingüe.
Auto de Canet
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha hecho referencia en esa resolución del ombudsman catalán en otros autos, como el que ordena modificar el proyecto lingüístico de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona).
“Mediante Providencia de 27 de noviembre de 2018 acordada en el recurso ordinario nº 280/2018, seguido con un objeto similar al del presente, se solicitó de la existencia del requerimiento que afirma la parte actora en este proceso, en el sentido de haber requerido al Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, para que proceda a aprobar un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias” acuden a la justicia.
“Obra en la pieza separada de aquél proceso" --añade el auto-- "copia de Resolución adoptada en fecha 22 de diciembre de 2016 por el Síndic de Greuges, en el expediente Q-07827/2015”.
El activismo de Cambray
Nada se sabe de ese protocolo y, lejos de garantizar el anonimato del menor de cinco años, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha convertido la escuela de Canet en escenario de su activismo, lo que redunda en el acoso al pequeño.
El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray, tras reunirse con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar / EFE
En 2017, el diputado de Ciudadanos Javier Rivas formuló una pregunta parlamentaria dirigida a la entonces consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, sobre la evolución del expediente al que instó el Síndic.
Ruiz explicó que el departamento “no consideró necesario realizar ningún expediente informativo para esclarecer los hechos, dado que la actuación del centro de informar a las familias sobre la aplicación de las medidas cautelares adoptadas judicialmente es adecuada, sin que conste que se hubiera desvelado nominalmente la identidad de la familia que va instar el procedimiento judicial”.
Los padres tiran la toalla
Antes del 14 de septiembre de 2015, añade la consellera en su respuesta, “la familia demandante comunicó al centro la baja voluntaria de sus hijos y el curso escolar 2015-2016 los escolarizó en otro centro educativo. El equipo directivo de la escuela Gaspar de Portolà decidió que al inicio del curso escolar 2015-2016 constituiría una comisión de seguimiento integrada por la secretaria del centro, la psicopedagoga del EAP (Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica), la inspectora de la escuela, un miembro de la representación de las familias en el consejo escolar del centro, y además, en las sesiones en las que fuera necesario, estaba previsto invitar al padre o la madre de la familia demandante. Esta comisión no se llegó a constituir, dado que la familia matriculó sus hijos en otro centro”.
Recordaba la consejera que la Ley orgánica 2/2006, de Educación, establece que todos los centros deben elaborar un plan de convivencia en el marco de su proyecto educativo.