La red de oficinas de la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña ha tenido un cometido fundamental en la internacionalización del procés. Y lo seguirá ejerciendo, a pesar de que el desafío independentista ha perdido vigor. No así el presupuesto destinado a las llamadas embajadas catalanas, que no ha parado de crecer y eso se ha traducido en una ampliación de esas delegaciones repartidas por todo el mundo, en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. Una plantilla con sueldos nada desdeñables y alquileres muy elevados. Sobre su actividad, la opacidad se mantiene. Y eso que el departamento que dirige Victòria Alsina también se ocupa de las políticas de Transparencia.
El presidente Pere Aragonès (i) y la consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina / GENCAT
La Consejería de Acción Exterior (que gestiona Junts per Catalunya) tiene 14 delegaciones, que no se deben confundir con la red de oficinas comerciales que tiene ACCIÓ (Agencia para la Competitividad de la Empresa), que depende del Departamento de Empresa (ERC). Esas oficinas cubren Alemania, Balcanes, Estados Unidos, Europa Central, Francia, Italia, Países Nórdicos, Portugal, Reino Unido e Irlanda, Suiza, México, Túnez, Argentina y la UE. Mantener esas sedes cuesta entre los 285.000 euros de la oficina de Portugal y los 1,5 millones de la delegación en Bruselas.
¿Caro o barato?
¿Caro o barato? La Generalitat se compara con el Estado español y recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene costes de personal que ascienden en el ejercicio 2021 a 277 millones de euros, a los que hay que añadir 16 millones correspondientes a la Acción Diplomática ante la UE. Por el alquiler de edificios y pago de cánones, el ministerio tiene presupuestados 24 millones de euros, más 78.800 euros correspondientes a la Acción Diplomática ante la UE. El gasto de representación de los embajadores y jefes de misión cuestan 3,3 millones. En total, el ministerio tiene un presupuesto consolidado que, incluyendo transferencias entre subsectores, llega a los 2.215 millones de euros anuales.
Cataluña no es un Estado, aunque concibe la Consejería de Acción Exterior como una “estructura de Estado” desde la que denuncia la “represión salvaje” del Gobierno español. Así lo aseguró la titular de este departamento, Victòria Alsina, en la sesión de control del Govern del pleno del Parlament.
Presupuesto
El presupuesto para 2022 de este departamento ha pasado de 73,7 millones a 94 millones. Es la consejería que más crece, a modo de "respuesta al 155 salvaje”, dijo Alsina. Asimismo, se prevé un aumento de 3,8 millones de euros para la partida en delegaciones del Govern en el extranjero con los que prevén abrir todavía más delegaciones, reforzar las existentes con más personal y ampliar el área geográfica de algunas de las actuales.
Actualmente, según los datos del Govern, hay 71 personas que trabajan para esas embajadas, en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por la supuesta utilización de dinero público para hacer propaganda del procés. La oficina que dispone de más personal es la de la UE, con 15, mientras que en el resto, la plantilla oscila entre cuatro y siete. El mes pasado, esta delegación se vio implicada en una polémica algo humillante para Alsina, quien aseguró haber tenido contactos con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras la detención de Carles Puigdemont en Italia. Sassoli respondió con un comunicado demoledor desmintiendo a la consellera, pues negó “reunión o contacto alguno”.
Sueldazos
Los delegados de estas oficinas tienen un sueldo equiparable al de director general de la Generalitat, es decir, 87.456 euros. En el caso de la Oficina de Bruselas, cuenta con un delegado adjunto que cobra 79.917 euros. Los técnicos cobran entre 56.300 euros y 43.221 euros, mientras que los gestores tienen un sueldo de 32.281 euros. Los administrativos reciben 32.622 euros y las secretarias, hasta 40.206 euros.
Sobre la agenda y las actividades de estas oficina poco o nada se sabe. Los delegados nunca han comparecido en el Parlament para explicar sus funciones porque, según alega la Consejería de Acción Exterior --que, curiosamente, también lleva el negociado de Transparencia--, son cargos de confianza y, por tanto, no tienen obligación de hacerlo.
Sí que se sabe que estas embajadas han cerrado 41 contratos con empresas externas, una cifra que dista mucho de los 67 de 2017. Hay que tener en cuenta que ese año, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se cerraron las oficinas, que se fueron reabriendo progresivamente a partir de 2018. Destaca el hecho de que en Argentina y en los Países Bálticos, las delegaciones no han cerrado ningún contrato.