La Audiencia cree que Montull ocultó ingresos para evitar el embargo por el 'caso Palau'

La Audiencia de Barcelona ha avalado que se investigue al exdirector administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull por un presunto delito de frustración de ejecución de sentencia, al haber ocultado bienes con el fin de "eludir el pago de responsabilidades civiles" por el expolio de la entidad cultural.

La Audiencia sospecha que este exresponsable del Palau ocultó que cobraba 1.500 euros al mes alquilando una de las fincas que se le intentaron embargar al ser condenado por el caso Palau, y ha enviado el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.

Finca en El Mansnou

En el auto, el tribunal rechaza el recurso de Montull y su esposa, Mercedes Mir, contra la decisión de valorar posibles responsabilidades penales por presuntamente ocultar que cobraban este alquiler por una finca que tienen en la localidad barcelonesa de El Masnou, y que debía ser embargada.

La ejecución de la sentencia del caso Palau fijó embargar 22,3 millones de euros a Montull y otros 281.701 euros a Mir por el desfalco a la institución musical, y él también fue condenado a siete años y medio de prisión.

Dijo que sólo tenía la jubilación

Tras la condena, Montull declaró que solo tenía su pensión de jubilación como ingresos para pagar la responsabilidad civil que le impuso la sentencia, y su defensa afirma que "no se incluyó este alquiler porque los arrendamientos de inmuebles embargados han servido para abonar Ibis, impuestos y tasas municipales, gastos de comunidad y mantenimiento", y niega que hubiera un "ánimo de ocultación", puesto que esos ingresos fueron declarados en el IRPF.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha constatado que desde que en mayo de 2020 se declaró firme la sentencia del caso Palau no se han podido embargar estas cantidades, "y no se ha podido embargar por la única y exclusiva razón de que se ha ocultado por el señor Montull y la señora Mir la existencia de esta fuente de ingresos".

Presunta frustración de ejecución de sentencia

Los jueces detallan que Montull y Mir han cobrado 1.500 euros de este alquiler desde diciembre de 2019 "y han seguido percibiendo las rentas a pesar de conocer que la sentencia es firme desde el 12 de mayo de 2020, ocultando la existencia del propio arrendamiento".

Por eso, los magistrados ven indicios de un presunto delito de frustración de la ejecución de la sentencia --ocultar patrimonio para evitar un embargo por responsabilidades civiles de una condena--, y acuerdan enviar el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.