El Govern teme que el Tribunal Constitucional radicalice en un futuro la recentralización de las competencias sanitarias y sostiene que el estado de alarma fue concebido para potenciar la concentración de poder por parte del Estado.

El consejero de Salut, Josep Maria Argimon, y el director del Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA), Joan Ridao, han presentado hoy el informe Las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico durante la crisis sanitaria de la Covid-19. Entre otras conclusiones, el IEA --organismo que depende de la Consejería de Presidencia de la Generalitat-- señala los vacíos legales en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas.

Fallida cogobernanza

La llamada “cogobernanza” en los estados de alarma ha puesto de manifiesto que “hubiera sido posible implementar una articulación del poder diferente de la concentración en manos del Estado, que resultara más respetuosa con las competencias autonómicas y con un uso de las relaciones intergubernamentales más ajustado a su normativa y, en consecuencia, más transparente”.

Consideran los autores del informe que la Conferencia de Presidentes se ha revelado como un mecanismo inoperante”. En este sentido, critican su instrumentalización en términos de imagen más que de voluntad de su operatividad”. El IEA considera que la aprobación del ingreso mínimo vital ha evidenciado la “ineficacia de los mecanismos de colaboración para lograr compatibilizar las políticas estatales y autonómicas, de lucha contra la pobreza”. Y concluye que la experiencia de otros países demuestra la importancia de esa coordinación para llevar a cabo políticas eficaces.

Peligro de recentralización

Argimon ha explicado que las relaciones con el Gobierno fueron "correctas" en general, pero “siempre hay un peligro de recentralización, en algún momento ha sido evidente y lo sigue siendo”, a pesar de que “las competencias de la gestión recaen en los gobiernos autonómicos”. El titular de Salud llama a "estar muy atentos", aunque no ha mencionado ejemplos concretos.

El Covid, ha añadido, "nos ha puesto a todos a prueba en un aspecto claro, que es la limitación de los derechos de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que “en el confinamiento de la cuenca de Òdena, se aplicó la ley de salud catalana, y nadie lo cuestionó”.

Por su parte, Ridao se ha referido a la limitación de derechos que supuso el estado de alarma y el cuestionamiento que el propio IEA hizo. “Fue una opción política, más concebida para recentralizar y potenciar la concentración de poder por parte del Estado. Una sentencia extravagante del Tribunal Constitucional ha impugnado el estado de alarma y abre la vía a que, si se repite la situación, se tenga que declarar el estado de excepción, que convertiría a las comunidades en simples comparsas”, ha dicho. Y ha advertido de que la “voxificación” del Alto Tribunal recorte todavía más las competencias de las autonomías.

Tanto Argimon como Ridao coinciden en que se deben revisar los mecanismos de toma de decisiones del consejo interterritorial, así como blindar legalmente el reparto de competencias.