El síndic Ribó eleva a Europa el rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales del 'procés'

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Comisaria Europea de Derechos Humanos el rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales del procés presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF). Con ellos, el Govern pretendía cubrir las fianzas que pide el tribunal a antiguos cargos públicos por la propaganda exterior del 1-O.

Ribó solicita a estas instituciones que "intervengan en favor de los derechos y de la defensa del Estado de derecho", ya que considera que la decisión representa un posible atentado de derechos, ha dicho en un comunicado. En la misma nota, manifiesta su "sorpresa" de que un órgano administrativo "no respete una norma con rango de ley plenamente vigente, como es un decreto ley ya convalidado por el Parlament".

Visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries

El síndic también menciona el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en favor de la constitucionalidad del fondo creado para presentar el aval. Asimismo, señala que la resolución de junio de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la situación de dirigentes independentistas pide "asegurar que las previsiones legales de malversación de fondos públicos se apliquen de manera que las responsabilidades sean solo exigibles cuando se pueden establecer pérdidas reales cuantificadas" en presupuestos o activos del Estado.

En paralelo, Ribó también actuará ante el Defensor del Pueblo para que "intervenga a raíz de la grave lesión de derechos y de la indefensión que esta decisión representa", y ha asegurado que el aval mediante el ICF cumple los requisitos establecidos por la ley procesal civil.

Condena "a la ruina" a los investigados

Ha recordado que su informe sobre los indultos a los dirigentes independentistas que estuvieron presos sostiene que las sanciones del Tribunal de Cuentas "implican condenar a la ruina a las personas investigadas, antes incluso de una sentencia y pese a que muchas de las personas ahora perseguidas ya han sido juzgadas al máximo nivel jurisdiccional por malversación".

Así, "y en sintonía con las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa", el síndic defiende que el Tribunal de Cuentas debería interrumpir la tramitación de estos expedientes.