La Alta Inspección de Educación se lava las manos. Asegura este organismo gestor del sistema educativo español en Cataluña que solo la justicia puede determinar si los libros de texto o el material escolar contravienen la Constitución y la neutralidad ideológica. Y aunque asegura mantener “una actitud de constante vigilancia y diálogo con todos los agentes implicados”, rechaza instruir una denuncia referida a libro de Lengua Catalana y Literatura para el curso 2º de ESO de la Editorial Baula, donde se trata a Madrid, Extremadura y Málaga como lugares "extranjeros".
Esta es la respuesta que la directora de la Alta Inspección de Educación en Cataluña, Josefa Beltran, ha dado a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que el pasado 27 de septiembre solicitó su intervención al entender que el citado libro adolece de falta de rigor y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores. Asimismo, AEB pedía retirar el manual de forma cautelar en los centros donde se está utilizando o, en su defecto, la modificación de los contenidos denunciados o la utilización de textos alternativos.
LIbro de texto catalán que incluye a Madrid, Extremadura o Málaga como lugares extranjeros
La asociación denunciaba que, en el apartado dedicado a los gentilicios, se incluyera a Madrid, Extremadura o Malaga como lugares extranjeros al lado de Costa Rica, Panamá o Honduras.
También hacía constar las referencia al rey Pedro III el Ceremonioso (Pere III el Cerrimoniós), al que se identifica como Rey de Cataluña y Aragón. “Este dato es incorrecto ya que solo fue Rey de Aragón y la Corona catalanoaragonesa no existió”.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Crónica Global, la Alta Inspección invoca la autonomía pedagógica de los centros públicos, así como la prohibición de censura previa que establece el artículo 20.2 de la Constitución. “La intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales” obliga “a que sean los órganos jurisdiccionales los únicos que pueden ordenar ‘restricciones preventivas’”. En este sentido, afirma que “los poderes públicos, dada la configuración constitucional al derecho a la libertad de expresión, no pueden en ningún caso tomar medidas que supongan censura previa, debiendo ser los órganos jurisdiccionales previa denuncia los que pueden adoptar medidas cautelares”.
"Imputación gravísima"
Asimismo, “declarar el carácter adoctrinador de un libro de texto pensado y dedicado a la educación de menores es una imputación gravísima, pues implica, ni más, ni menos, que manipula sus conciencias”. Por tanto, “cualquier retirada de manuales de texto deberá ser autorizada judicialmente”.
No obstante, “la Alta Inspección mantiene una actitud de constante vigilancia y diálogo con todos los agentes implicados”, pero precisa que “no es un órgano de oportunidad política, sino de control de legalidad que debe actuar en el necesario equilibrio constitucional que le impone su labor fronteriza entre la actividad de dos administraciones, la autonómica y la estatal”.
“La contestación es que no lo van a analizar, ni mandar modificar, ni retirar, ni ninguna otra acción que alerte a la editorial sobre lo publicado”, lamenta la presidenta de AEB, Ana Losada.
Cambios en la versión digital
En cambio, la presión ejercida por esta asociación en las redes sociales, así como de una familia ante el centro donde se utilizaba el libro, “ha conseguido que la editorial modifique el contenido en la licencia digital. Ha retirado lo que hacía referencia a tildar de extranjeros los originarios de Madrid, Extremadura o Málaga. Además, se han comprometido a crear una pegatina con el texto digital nuevo para pegarlo en los libros de texto de los alumnos de ese centro”, aunque esto aún no ha ocurrido.
Alumnos de un instituto con banderas independentistas / CG
"Es un escándalo"
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Rafael Arenas, considera “un escándalo” la respuesta de la Alta Inspección que, “si bien tiene pocas competencias, es la que debe velar por el cumplimiento del derecho a la educación que contempla el artículo 27 de la Constitución”.
Asegura que el libro en cuestión “contiene afirmaciones falsas y contribuye a una construcción mental sobre identidad nacional”. El jurista cree que la Alta Inspección reproduce los argumentos que el Ministerio de Educación dio cuando el Parlamento Europeo requirió de una mayor presencia del castellano en los colegios, pues entonces también dijo que eran los tribunales los que debían dirimir ese asunto. “Es una falacia, las administraciones deben velar por los derechos de los ciudadanos”, afirma Arenas.