La detención de Carles Puigdemont en L’Alguer (Italia) preconiza un nuevo embrollo judicial, que rememora su arresto en Alemania. Pero también complica el mandato de Pedro Sánchez, pues sin el delito de sedición reformado, una hipotética extradición abocaría al expresidente a un juicio y posterior condena que dinamitaría la mesa de diálogo y la alianza que el socialista mantiene con ERC. De esta forma, los presupuestos generales del Estado, en fase de negociación, quedarían en el aire.

A la espera de que las autoridades italianas resuelvan sobre la situación de Puigdemont, todo apunta a que en las próximas horas la diplomacia jugará un papel importante. Técnicamente, la euroorden de detención sigue vigente, aseguraba anoche el Tribunal Supremo, pero las consultas elevadas por el juez Pablo Llarena al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar los efectos de la negativa belga a enviar al exconsejero Lluís Puig generan dudas sobre la posibilidad de extradición.

Freno a la reforma del delito de sedición

De producirse ésta, Sánchez tendría que afrontar un importante problema. El Gobierno español puso freno a la reforma del delito de sedición por no verlo urgente. Era una de las vías exploradas para dar una “salida digna” al expresidente. Descartada la amnistía de los investigados por el procés que exigen ERC y Junts per Catalunya, el Ejecutivo valoraba esa reforma penal para minimizar el impacto de un juicio contra el líder neoconvergente. Sin embargo, el arresto que se produjo anoche lo precipitaría todo.

La extradición abocaría a Puigdemont a un enjuiciamiento ante el Supremo acorde con las penas aplicadas a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Carme Forcadell, posteriormente indultados por el Gobierno en lo que fue interpretado como una medida necesaria, pero no suficiente, para desencallar la negociación de una solución del conflicto secesionista por vía política.

Mesa de diálogo

Pere Aragonès ha apostado por esa mesa de diálogo con el Ejecutivo, que se reanudó la semana pasada en el Palau de la Generalitat, aunque ninguna de las partes confía en que de la misma salgan acuerdos de calado. Amnistía es lo que exige ERC y, sobre todo, Junts per Catalunya, precisamente para resolver la situación de los dirigentes independentistas que, en lugar de quedarse en territorio español, huyeron.

El regreso de Puigdemont, que hasta ayer asistía a sus horas más bajas --sus complicidades con Rusia habían cortocircuitado las pocas relaciones que todavía tenía en el Parlamento Europeo y el activismo que le da apoyo en Cataluña estaba desmovilizado--, daría un enorme balón de oxígeno a los neoconvergentes y su vía unilateral en vísperas del cuarto aniversario del referéndum del 1-O.

Unidad secesionista

Dicho de otra manera, cargaría de razones a los socios de ERC en el Govern, quienes nunca creyeron en la negociación con Sánchez. La situación, para Aragonès, no podría ser mas incómoda. Ya lo era, pues lleva meses bajo la presión de entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que exige restablecer la unidad independentista. Imposible ahora desmarcarse de sus socios en esas horas duras de Puigdemont. Si hasta ahora, difícilmente ha podido el presidente catalán mantener la equidistancia entre el “represor” Ejecutivo español y las exigencias de JxCat, la extradición del fugado obligaría a Esquerra a soltar lastre del PSOE, que se encuentra en plena negociación de sus presupuestos.

PP, Ciudadanos y Vox, ya lo han advertido, van a estar muy atentos a cualquier amago de reducir el peso de la Justicia sobre Puigdemont.