Inasequible al desaliento. Y al hecho de que está más solo que nunca, Carles Puigdemont se ha montado su propio Boletín Oficial del Estado (BOE). Porque si el Consejo para la República fue creado con honores de Estado allá por octubre de 2018, tres años después, esta especie de gobierno paralelo con sede en Waterloo se ha dotado de un Boletín Oficial donde se anuncian sus últimos “decretos”. Textualmente.
Ejemplo de ello es el “decreto 1/2021, de 19 de septiembre, de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Representantes del Consejo para la República” [se puede leer en este enlace], previstas para los días 29, 30 y 31 de octubre. La norma pseudoelectoral regula horarios, la composición de la Sindicatura Electoral (léase junta electoral), composición de la futura Asamblea (con 121 representantes), circunscripciones y procedimiento electrónico.
En efecto, estas elecciones, que se han pospuesto en un par de ocasiones debido a las pugnas independentistas, pretenden ser un trasunto de comicios parlamentarios, dando así carta de naturaleza democrática a un Consejo para la República, que languidece por falta de apoyos políticos –ERC se ha desmarcado y la CUP mantiene distancias--, y sobre todo económicos, ya que el número de inscritos previsto en un primer momento, un millón, está muy lejos de la realidad: hoy no supera los 99.000.
Falta de financiación
Aspiraba el fugado, líder de este gobierno fantasma “en el exilio”, a reunir 10 millones de euros en concepto de cuotas –a razón de 10 euros por inscrito--, pero su Consejo para la República viene lastrado por la desmovilización independentista. El activismo de los fieles a Puigdemont ya no es lo que era. Ni el propio expresidente, cuyos proyectos de secesión han dado la puntilla a la relación con sus únicos socios europeos --los independentistas belgas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), que rechazan aplicar en su país una vía unilateral--. Sus coqueteos con Rusia tampoco le ayudan a tener aliados en la UE.
El citado BOE no es el único invento del chiringuito de Puigdemont, empeñado en crear estructuras de Estado donde no las hay. En abril, este organismo lanzó la Identidad Digital Republicana (IDR) con el objetivo principal de tener un “censo republicano” y financiar el Consejo para la República.
La identidad republicana con QR cuesta 6 euros y la identidad digital con tarjeta física que incluye QR, 12 euros.