El claustro de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha aprobado una moción en la que denuncia la "persecución injusta" sufrida por el catedrático Andreu Mas-Colell, a quien el Tribunal de Cuentas (TdC) impuso una la fianza de más de 2,8 millones de euros por presuntas irregularidades en el gasto destinado a acción exterior cuando era consejero de Economía de la Generalitat.
Aunque la moción presentada por un grupo de profesores ha sido aprobada, la votación ha estado bastante dividida, ya que la resolución ha contado con 93 votos a favor, 47 en contra y 30 en blanco.
La moción indica que "ante el procedimiento sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas de España contra numerosos antiguos miembros del Gobierno catalán, entre ellos el profesor Andreu Mas-Colell y el profesor Albert Carreras de Odriozola, el Claustro Universitario de la Universidad Politécnica de Cataluña denuncia la injusticia de estas actuaciones, se solidariza con los afectados y se adhiere a la declaración del Institut d'Estudis Catalans (IEC), formulada el 23 de junio de 2021".
Votos en el claustro de la UPC sobre una moción de apoyo a Andreu Mas-Colell
La resolución del IEC asegura que a las personas afectadas por el expediente sancionador del TdC "se les imputan unos hechos que no han cometido, y la fundamentación sólo se basa en opiniones políticas que manifestaron o en la atribución de supuestas intenciones no probadas, que no caben en un procedimiento de auditoría, y que, por otra parte, se pueden considerar actos o manifestaciones comprendidas dentro del derecho de libertad de opinión y de expresión, esenciales para el desarrollo político y académico, protegidos por el artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
"Sin garantías"
Añaden que "la multa que se les impone no ha sido el resultado de un proceso con todas las garantías, ni tampoco se ha seguido el procedimiento habitual establecido por el propio Tribunal de Cuentas. Además, por haberse impuesto al iniciarse el proceso, sin que haya habido un procedimiento contradictorio de los acusados, tiene el carácter de una pena anticipada. Por la extraordinaria cuantía de la multa, de varios millones de euros, tiene un carácter confiscatorio injustificable, sin otra finalidad que la de provocar la ruina personal de los afectados, lo que supone también una vulneración clara del derecho de toda persona a la dignidad personal y familiar".
El IEC afirma que el TdC "es un organismo administrativo impropiamente llamado tribunal, dado que no está formado por magistrados, ni forma parte del poder judicial; además, por el procedimiento de designación de sus miembros tiene una fuerte carga política, lo que pone en cuestión la necesaria imparcialidad que debe tener, tal como se ha visto manifiestamente en su actuación".
"Discriminación ideológica"
"Consideramos que es injustificable --añaden--, como lo ha expresado en un voto particular uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, que éste haya asumido unas funciones exorbitantes, más allá de las facultades auditoras que le son propias y en las que debería aplicar estrictos criterios de imparcialidad y objetividad, y no criterios de discriminación ideológica, tal como se ha denunciado en el voto particular. Todo ello supone una clara vulneración del derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a un juicio justo llevado por un tribunal imparcial, con lo cual se vulnera lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos".
Por todo ello, el Institut "deplora y denuncia" en su declaración, que ha hecho suya la UPC, "la persecución injusta a la que son sometidas las personas afectadas por este procedimiento sancionador, a las que queremos hacer llegar nuestra solidaridad".
Rechazo de Universitaris per la Convivència
La moción fue aprobada por mayoría de votos, no sin la protesta previa de algunos claustrales, entre ellos, varios miembros de Universitaris per la Convivència, que hicieron notar que el Claustro "no es competente para opinar sobre tales cuestiones y que, al hacerlo, viola el deber de neutralidad ideológica al que todas las administraciones públicas (también las universidades) están sujetas".
Sorprende, según esta entidad "que el Claustro de una universidad dedicada a los saberes tecnológicos asuma con tal convicción ideas que nada tienen que ver con ellos, como sorprende la certeza con la que se proclama que las personas encausadas por el Tribunal de Cuentas 'no han cometido' los hechos que se les imputan, a saber, el uso ilegal de importantes cantidades de dinero público".
"Sorprende --añaden-- que un claustro universitario, sea el de la UPC o cualquier otro, ignore de manera tan descarada sus competencias y sus deberes, cuando una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la condena de Universidad de Barcelona por hechos semejantes".