El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado en contra del Gobierno, después de que el Ejecutivo diera a conocer el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pese a que se había llegado a un acuerdo para desbloquear la inversión de 1.700 millones de euros, ahora Aragonès considera que no se cumple lo pactado. Sin embargo, la reacción del presidente catalán ha causado sorpresa en su socio de gobierno, Junts per Catalunya, que no ve cambios sustantivos en el DORA que se ha presentado con lo inicialmente acordado.
Aragonès ha asegurado en su cuenta de Twitter que el documento “no refleja el consenso establecido en el seno del Govern: asegurar la inversión sin dar nada por cerrado y definir los siguientes pasos con un amplio acuerdo de todas las administraciones”. El mandatario catalán pide “explicaciones y la rectificación” del documento, que recoge las distintas inversiones de Aena entre 2022 y 2026. La idea de Aragonès es que se “echa a perder la zona protegida de La Ricarda”, que forma parte del enclave ecológico protegido Natura 2000.
La oposición interna en ERC
El Ministerio de Transportes, en cambio, ha señalado que no se ha producido ningún cambio respecto a lo pactado. “Recoge los términos del acuerdo”, que se firmó por parte de la Generalitat y el Ministerio el pasado 2 de agosto.
Es la misma reacción que ha ofrecido JxCat, que no entiende que en ese estadio de las negociaciones todavía no se han concretado los detalles respecto a cómo afectará la ampliación de la tercera pista del aeropuerto a la zona de La Ricarda. Y es que, de hecho, esa afectación se daba por descontada. Pero lo sustantivo es que la concreción de todo el plan llegará con el nuevo plan director del aeropuerto, cuya aprobación está prevista para 2024 o 2025. Las obras comenzarían en 2026 y finalizarían en 2030.
El trasfondo del asunto es que Aragonès debe superar una importante oposición interna en su partido, Esquerra Republicana, cuyas bases ven con recelo esa ampliación, al cuestionar que ahora sea prioritario, y por la afectación a un área ecológica protegida por la Unión Europea.