Ciudadanos (Cs) ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament para seguir aplazando "ante la grave y continuada situación de pandemia y de crisis económica", la entrada en vigor del impuesto propio de emisiones de CO2.

Este impuesto, que fue aprobado en la Ley de Acompañamiento de 2020 y ya fue objeto de un aplazamiento de su entrada en vigor en virtud del Decreto ley 33/2020, de 30 de setembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Esta norma, que fue convalidada por el Pleno del Parlament en octubre de 2020, "constituye una prueba inequívoca de que el Govern era consciente de que la calamitosa situación económica no aconsejaba poner en vigor dicho impuesto", sostiene Cs.

Devolver las cantidades pagadas

Por ello, propone que el Parlament inste al Govern a "dejar sin efecto el Impuesto de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción Mecánica devengado en los ejercicios 2020 y 2021, declare extinguida la obligación tributaria para los sujetos pasivos de dicho impuesto, y ordene a la Agència Tributària de Cataluña que devuelva de oficio a los contribuyentes las cantidades que haya ingresado por este concepto con los intereses que correspondan".

En su propuesta, indica la formación naranja que "la crisis económica causada por la pandemia, que ha reducido el PIB de Cataluña en un 9% y ha elevado el desempleo al 14%, está muy lejos de haber sido superada; por este motivo, en un contexto de caída en picado de la renta de las familias y de dificultades sin fin para los autónomos y las empresas, no es el momento para cargar en sus bolsillos un nuevo impuesto, que sólo empeorará la ya difícil situación económica que viven y sufren".

"No es un impuesto verde"

Advierten de que el citado impuesto "no es en verdad un impuesto verde, por mucho que pretenda disfrazarse así. Se trata de una figura impositiva mal diseñada, que no es ni progresiva, ni equitativa, ni justa y que no está estructurada para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. No incentiva una menor contaminación, al no guardar la imprescindible correlación entre la cuota a pagar y los efectos contaminantes del uso del vehículo, dado que las familias, los autónomos y las empresas pagarán la misma cuota independientemente de los kilómetros que recorran o del combustible que utilicen. Y estarán más penalizadas aquellas familias de rentas bajas que no pueden permitirse el lujo de cambiar de vehículo, pero que tampoco tienen una alternativa medianamente viable de transporte público, cosa que es todavía más sangrante en el ámbito rural, donde muchas veces las alternativas al vehículo privado son inexistentes".