Las cifras que demuestran el insuficiente gasto de pobreza en Cataluña

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado un informe [se puede leer en este enlace] sobre las ayudas de emergencia social que destinan las administraciones públicas, a su juicio claramente insuficientes. La entidad compara las aportaciones de cada comunidad autónoma. Cataluña, donde la pobreza no ha parado de aumentar, no sale bien parada, aunque son La Rioja y Madrid las comunidades que menos invierten en atender esas urgencias.

Así, solo dos de cada 100 habitantes de España ha recibido una ayuda de urgencia. Y únicamente el 7% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esas ayudas. El gasto medio por prestación a nivel nacional es de 183 euros. Cataluña se sitúa por debajo de esa media, con 136 euros, muy superada por Castilla y León (648 euros), Cantabria (430), Asturias (429) o Comunidad Valenciana (260).

De los 7,7 millones de catalanes, 1,2 millones están en riesgo de pobreza, pero solo 108.001 han sido receptores perceptores de rentas mínimas. Cataluña destina 33 millones a gasto en ayudas de urgencia, solo superada por Andalucía, con 39 millones, pero el gasto por habitante/año se sitúa en un 4,3€, frente a los 9,6 de Asturias o los 5,8 euros de la Comunidad Valenciana. Las comunidades que menos invierten en esta categoría son La Rioja (0,34€) y Madrid (0,72€).

“Ya hemos denunciado reiteradamente el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMI (Ingreso Mínimo Vital), de manera que sólo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio de Derechos Sociales consideraba como potenciales perceptores”, denuncian los autores del estudio. De la misma manera, “los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) de las familias más vulnerables, se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas”. En este sentido, “hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes”.

Tal como publicó Crónica Global, la pobreza aumenta en Cataluña, sobre todo desde el Covid, pero el Govern lleva seis años sin actualizar su mapa de prestaciones sociales. Pero es que, además, acceder a estos servicios se puede convertir en un vía crucis para las personas en riesgo de exclusión ya que existen 149 modalidades diferentes. La Renta Garantizada de Ciudadanía, el proyecto estrella del Govern en materia de atención a quienes viven en situación precaria, estaba llamada a simplificar el sistema.

Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales admiten que la última actualización de ese mapa de prestaciones se remonta a 2015 y que la intención de la consejera Violant Cervera “es actualizar la cartera de servicios marcando prioridades de actuación”.

En mayo, la Asociación de Directores y Gerentes Sociales ya advirtió en otro informe de que Cataluña retrocedía en gestión social hasta ocupar el puesto 11 en el ranking autonómico.