Piden cinco años para un exalcalde de CiU por pagar a su abogado con dinero público

La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para el exalcalde de la localidad barcelonesa de Sant Cebrià de Vallalta, Jaume Borrell, así como para otros tres exediles de Convergència i Unió (CiU) y el exinterventor municipal por costear con dinero público su defensa en un caso de prevaricación urbanística en el que fueron condenados.

El ministerio público los acusa ahora de dos delitos continuados, uno de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, por haber cargado al consistorio 26.385 euros en facturas entre 2010 y 2013 con las que pagaron los honorarios del bufete de abogados que los defendió en la causa por prevaricación urbanística que llevó a su inhabilitación durante 16 años.

Además de Borrell, alcalde entre 2000 y 2011 y concejal desde 1991, están imputados los exediles convergentes Josep Missé, Pedro Vegas y Teresa Llongarriu, que actuaba también como tesorera, así como el interventor municipal por "omitir, a sabiendas de la ilegalidad de su conducta, su obligación de interponer reparo a la decisión contraria a Derecho que se estaba adoptando".

"Ilícito beneficio económico"

En este nuevo proceso, cuyo juicio está previsto para el 9 de septiembre en la Audiencia de Barcelona, el fiscal solicita que se les imponga una nueva pena de inhabilitación, esta vez de nueve años, y que se les condene a devolver el importe que presuntamente malversaron a las arcas públicas.

En su escrito de calificación, considera que los acusados, actuando "de manera concertada (...), con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico y con abuso de las funciones propias del cargo que cada uno de ellos desempeñaba, decidieron, sabedores de la ilegalidad de su conducta, que los honorarios de los abogados que asumirían su defensa corriese a cargo del erario municipal".

Sin habilitación presupuestaria

Así lo resolvieron a pesar de que no existía ningún "procedimiento administrativo para la adjudicación del contrato, ni declaración, resolución, disposición, informe o acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta" que autorizara al despacho de abogados a cargarle las facturas.

Además, de acuerdo con el fiscal, los pagos se hicieron "a pesar de no existir habilitación presupuestaria para ello y sin que constase aprobación de modificación presupuestaria alguna acordada mediante ampliación de crédito o de un crédito extraordinario" con el aval de la Junta de Gobierno Local, de la que los acusados eran miembros.

Prevaricación

Tanto Borrell como el resto de ediles vieron en 2015 su condena confirmada por la Audiencia de Barcelona, que ratificó la pena de inhabilitación y los 2.880 euros de multa que les había impuesto dos años antes el juzgado penal número 1 de Arenys de Mar a cada uno de ellos por permitir, desde el Ejecutivo local, la actividad de restauración en un local situado en unos terrenos catalogados como rústicos.

El juez consideró probado que los políticos actuaron en contra de la ley al aprobar, a partir del 2007, la concesión de permisos para organizar fiestas privadas en la finca La Hacienda, que funcionaba como restaurante, cuando no disponía del permiso correspondiente para esta actividad.

Tras el fallo de la Audiencia, Borrell tuvo que dimitir de todos sus cargos, que entonces eran el de portavoz de CiU en el Consejo Comarcal del Maresme y presidente del Consorcio de Promoción Turística Costa del Maresme.