La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre los avales del Institut Català de Finances (ICF) al fondo de rescate independentista, la bolsa de dinero público destinada a pagar las fianzas (5,4 millones de euros) que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 excargos de la Generalitat encausados por la acción exterior del Govern.
Este órgano incoa diligencias después de que Ciudadanos (Cs) presentase una denuncia contra la junta de gobierno del ICF y contra el Govern por el aval, que el partido considera una "absoluta ilegalidad" e "inconstitucionalidad". El líder de la formación naranja, Carlos Carrizosa, añadió que el instituto hace un "absoluto desprecio a sus funciones, que es ayudar a empresarios y autónomos". Asimismo, acusó al Govern de ser "cooperador necesario". La pelota está en el tejado de la Fiscalía de Barcelona, que ha de investigar el asunto.
Carrizosa: "Son ilegales"
Tras el movimiento de la fiscalía, el mismo partido ha celebrado la apertura del expediente. "Gran noticia: se aleja la impunidad para el bolsillo de los condenados separatistas. Esta decisión y la denuncia de Cs en la fiscalía estrechan el cerco", ha dicho en un mensaje en Twitter el vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.
Carrizosa, por su parte, ha subrayado que "los avales del Govern para librar a los condenados de la malversación son ilegales" y, "por más que el separatismo intente evitarlo, en España las instituciones funcionan y quien la hace la paga".
Carlos Carrizosa y Edmundo Bal, de Ciudadanos, posan con la denuncia contra el ICF y el Govern / EUROPA PRESS
La instructora "duda" de la "legalidad"
El martes, la instructora Esperanza García mostró sus "dudas" ante la "legalidad" de las fianzas del procés, por lo que ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas. Concretamente, se pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración autonómica perjudicada.
En paralelo, desde la Generalitat insisten en que no existe "ninguna razón técnica" para rechazar los avales del ICF, en palabras de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, este mismo miércoles. "Estamos convencidos de que se aceptarán, no hay ninguna razón técnica para que no sea así", ha afirmado.
Archivo de la denuncia para los afectados
Al margen de la investigación, el ministerio público también ordena el archivo de la denuncia para las personas que sean afectadas (el presidente, Pere Aragonès; y los consellers Vilagrà y Jaume Giró) porque en este caso se hará una investigación judicial.
Cabe recordar que entre los beneficiarios de este fondo de rescate independentista figuran el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras.